Opinión

SUBNACIONALES AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN

Restituir la Autonomía Constitucional en la agenda

democrática es una tarea central que debería presidir las propuestas de

los candidatos en los comicios de marzo próximo.

Es que la construcción de un estado descentralizado y autonómico, como

establece el Art. 1ro de la Constitución, es consustancial a una

visión que supere definitivamente el centralismo como herencia colonial

atávica que, junto a otras, ha impedido la construcción nacional.

El centralismo, esa concentración excluyente de actividades en un eje

troncal, fue el dispositivo colonial para la extracción y exportación de

nuestros recursos naturales y marcó el abandono y la exclusión del 80%

del territorio nacional que, después de 1825, siguió careciendo de

gobierno en el sentido más elemental qué es la administración

institucional de los intereses colectivos. Así como no era posible

construir país excluyendo con el racismo a la mayoría de la población,

tampoco lo era con la exclusión y el abandono de la inmensa geografía

nacional.

Ahí la fuerza y la actualidad de la reivindicación autonómica que, pese

a las iniciativas post 52 y a la «participación popular» de los 90,

sigue siendo una tarea pendiente ante la carencia de estrategias

geopolíticas para el desarrollo, de procesos descentralizadores y de

gobiernos locales y departamentales con planes y recursos.

Y estos últimos 14 años hemos retrocedido, pese a las previsiones

constitucionales del año 2009. No se trata de replicar la confrontación

nacional del 2020, pero dejar de lado, con motivo de las elecciones

subnacionales, el enorme daño que el centralismo y el autoritarismo le

ocasionaron a la descentralización, es un grave error que puede dejar en

el vacío todas las propuestas electorales de este marzo. La

Constitución Política y la Ley Marco de Autonomías han quedado casi

como papel mojado con la recentralización de los recursos, con

la invasión de competencias y con la acción represiva contra varias

autoridades subnacionales.

Menos del 10% de la inversión nacional está en manos de las 9

gobernaciones y 342 municipios que, sin embargo, tienen que atender las

principales demandas cotidianas de la gente. El renovado centralismo ha

confiscado recursos y usurpado competencias, para financiar

políticas nacionales o para remachar el caudillismo supuestamente

benefactor y «obrista». El impuesto a los hidrocarburos (IDH), que por ley

debería destinarse en un 50% a las regiones, ha sido descuartizado y

confiscado obligando a los gobiernos locales a financiar la renta de vejez y

el bono para discapacitados, amén de solventar al gobierno central en

sus «políticas» de exploración de hidrocarburos, 12 %; de seguridad

ciudadana, 10 %; y hasta de una supuesta «educación cívica», 0.2 %.

Nunca el gobierno del Mas quiso aprobar el pacto fiscal que manda la

Ley Marco y después de 2 años de reuniones estériles todo terminó en

fracaso. Pero además el presidente se convirtió en supra-alcalde

invadiendo competencias, destinando recursos y propaganda a

obras barriales como mecanismo de promoción política que disminuía o

anulaba las gestiones locales y departamentales. Para colmo las

principales autoridades subnacionales distintas al MAS fueron objeto de una permanente

persecución política judicial que los suspendió o derrocó o que, al menos,

desestabilizó y asfixió a varias gobernaciones y alcaldías

desconociendo el voto mayoritario de la gente.

Por eso, al inicio de las campañas, no podemos sino reclamar a los

candidatos un mínimo de claridad político-institucional y algo de

honestidad y realismo, si quieren ser gestores responsables de las

demandas ciudadanas. Peor en medio de las crisis: de la sanitaria

que obliga a destinar grandes recursos a la infraestructura

hospitalaria, y de la crisis económica que plantea la reactivación urgente

desde los emprendimientos locales y las articulaciones productivas y

comerciales departamentales.

Ya se ha anunciado un recorte a las transferencias subnacionales no

menor al 30%, y el presupuesto general del 2021 ha aprobado mayor

centralización que los años anteriores. Sólo el 8.5% de la

inversión pública está descentralizada permaneciendo el

91.5 % en la billetera del gobierno.

Estamos al inicio de las campañas y propuestas, pero hasta ahora -salvo

Camacho y su desempolvado «federalismo»-, es casi inaudible una

visión autonomista y descentralizadora; y sin ella los

programas electorales están muy próximos a la demagogia y al

engaño. Varios autoproclamados «municipalistas» se han puesto a

repartir barbijos al tiempo que, sin visión autonomista, sólo están

vendiendo humo.

Esperemos que los posibles éxitos electorales de varios postulantes no

se conviertan luego en gestiones ahogadas por el centralismo, peor si

vienen de la mano del masismo cuya ineptitud en gestión local y

departamental no admite duda después de 14 años.

Marzo debería ser la ocasión para reimpulsar el pacto fiscal, la

autonomía y la descentralización, y así avanzar en la construcción de un

país más digno para todos y en todos sus rincones.

Juan Del Granado es Abogado y Político