El exsecretario de la CIDH afirmó que el acuerdo firmado por ese organismo con el gobierno de Jeanine Añez "para apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones a los derechos ocurridas en Bolivia y entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019" no significa que la Comisión haya avalado la gestión transitoria.


El exsecretrario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que el catalogar a la gestión presidencial de Jeanine Añez como un "Gobierno de facto" no es una posición personal suya, sino que, dijo, "apenas sigue lo manifestado por la CIDH" en una "nota pública".

"Nombrar al gobierno represivo de Añez como gobierno de facto no es una posición política personal. Sigue apenas lo manifestado por la CIDH, órgano autónomo e independente de la OEA y que no está obligado a vincularse a sus decisiones de carácter político, en una nota pública", señaló Abrao.

Acotó en la nota que hace mención, la CIDH señaló que "toma nota que el bloque minoritario del Senado—convocado y votando sin el quórum requerido—eligió la nueva líder del cuerpo legislativo que se declaró, a sí misma, presidenta interina' y también llamó a que se alcanzara "una solución constitucionalmente válida".

"Ser consistente con la CIDH, que no consideró dicha sucesión constitucionalmente válida, no es posición política, significa apenas referenciar a los estándares internacionales y su mandato convencional", acotó.

En ese sentido, el exsecretario de la CIDH defendió que, durante su gestión en ese organismo, se haya firmado con el gobierno de Jeanine Añez un "Acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia para apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones a los derechos ocurridas en Bolivia y entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019".

Abrao aseveró que la firma del acuerdo no implica que la CIDH haya dado validez al Gobierno de Añez.

"Ser consistente con la CIDH, que no consideró dicha sucesión constitucionalmente válida, no es posición política, significa apenas referenciar a los estándares internacionales y su mandato convencional. Entonces, ¿porque sería válido firmar acuerdo con un gobierno de facto? Frente a gobiernos represivos e ilegítimos, la actuación de los órganos de DDHH pasa por generar presión internacional para lograr formalizar sus entradas, que dependen siempre de anuencias. El fundamento de legitimidad es la teoría y práctica de la centralidad de las víctimas. Estar al lado de las víctimas y generar protección internacional es un valor en sí mismo. Es demasiado simplista afirmar que al cumplirse con formalidades para investigar dictaduras como Argentina en 79 o Bolivia en 20 significa reconocer como válidos a los gobiernos de facto", señaló.

Asimismo, calificó como "risible" quienes buscan interpretar la firma del acuerdo como una validación al Gobierno de Añez y aseveró que tales posiciones desconocen el sentido de los instrumentos jurídicos internacionales de protección a los derechos huamanos.

"Buscar politizar una supuesta contradicción, significa abogar, en última análisis, un abandono de las víctimas que estén viviendo bajo regímenes represores", dijo.

De la misma manera, Abrao afirmó que la misión diplomática del Gobierno de Añez se empeñó en negar la existencia de las masacres de Sacaba y Senakata en diferentes organismos internacionales, entre ellos la OEA, y también impidieron el efectivo ingreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al país.

"Lo que efectivamente pasó en Bolivia fue que su irregular misión diplomática autodeclarada, abogó por la inexistencia de las masacres y la represión, y llevó al error a los órganos de la OEA, dañando gravemente al imagen del país frente a la comunidad internacional. La contradicción real está en que los mismos diplomáticos auto nombrados, que ahora reivindican valor al Acuerdo firmado, no permitieron su cumplimento y el respectivo ingreso del GIEI, y formalizaron la resistencia del Acuerdo al último día del gobierno de facto (sic)", añadió.

Según el exsecretario de la CIDH, fue recién a solicitud el actual Gobierno de Luis Arce que se permitió la llegada del GIEI para investigar y confirmar las masacres ocurridas en el 2019.

"Solo después de la recuperación de la democracia y una nueva solicitud formal del gobierno legítimo, se permitió al GIEI ingresar al país (y confirmar la íntegra del informe preliminar de la CIDH)", añadió.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe sobre Bolivia ratificó que el 2019, durante el Gobierno de Jeanine Añez, se produjeron masacres y "ejecuciones sumarias" por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.

"El GIEI ha concluido que graves violaciones a los derechos humanos fueron cometidas en Bolivia durante el último trimestre de 2019. En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas. Hubo ejecuciones sumarias por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, y homicidios cometidos por particulares, facilitados o tolerados por agentes estatales", afirmó Marlon Weichert, miembro del GIEI.

Eso sí, Julian Burger, también miembro del GIEI, aclaró que si bien se desacataron masacres y grave violaciones a los derechos humanos, el informe no habla de actos de "genocidio" por parte del Gobierno de Añez.

"El informe no dice que el gobierno interino haya cometido un genocidio. El GIEI no encontró motivos para llegar a esa conclusión. El informe sí considera que los actos de violencia en Senkata, Sacaba deben calificarse de masacres, dado un gran número de ciudadanos que protestaban pacíficamente y que fueron asesinados por la Policía y las Fuerzas Armadas, dijo Julian Burger, miembro del GIEI.

Finalmente, los miembros del Grupo Independiente enfatizaron que en su trabajo no ingresaron a definir si en Bolivia hubo un "golpe de Estado" o un "fraude electoral" y que tampoco se tomó en consideración las denuncias de que otros Estados hayan colaborado con la represión.