Juicio oral contra miembros de la RJC será en septiembre y se pide 20 años de prisión

El Ministerio Público buscará una sentencia de 20 años para los cuatro miembros de la RJC en septiembre, por daños en la Fiscalía General de Estado

Yassir Molina, Mario Antonio Bascopé, Fabio Alejandro Bascopé y Milena Sotto son los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) que serán sometidos a un juicio oral y contradictorio en septiembre por destrozos en la Fiscalía General del Estado en Sucre, en 2020.

Este jueves, el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, confirmó esta determinación y pide una pena de 20 años de prisión contra los acusados por los delitos de destrucción, deterioro de bienes del Estado y organización criminal.

"Vamos a estar a la espera del desarrollo (del juicio), el Ministerio Público va a ir a fundamentar y probar justamente los cimientos que tiene esta acusación para poder buscar una sentencia", alegó Nava.

Molina fue el cabecilla de las movilizaciones durante los conflictos de 2019 en Cochabamba; guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro en Oruro. Entretanto, los hermanos Bascopé se encuentran recluidos en el penal de San Roque de Sucre y Sotto guarda detención domiciliaria en Cochabamba.

El cabecilla de la RJC es juzgado por los delitos de organización criminal; tenencia, portación y uso de armas de fuego convencionales; atentado contra bienes públicos; privación de libertad; impedir y estorbar el ejercicio de funciones; destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional y daño calificado.

Para el Ministerio de Gobierno, la RJC operó durante el 2019 y 2020 como un grupo armado para atentar contra la seguridad interna del Estado y cometer una serie de delitos, como la tenencia, fabricación y ensamblado de armas de fabricación artesanales (basukas), además de los destrozos en medio de protestas por la destitución del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

En su informe presentado el 17 de agosto de 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, consideró a la RJC como un grupo parapolicial. Estados Unidos recomendó también la desarticulación de estas facciones irregulares.