Durante los casi 19 años de dictaduras militares la violencia institucional desde el Estado fue descomunal. Uniformados que acribillaban a l@s ciudadan@s cuando se oponían al régimen y si eran detenid@s podían ser torturad@s, asesinad@s, desaparecid@s y enterrad@s en fosas comunes. La violencia venía desde el Estado en coordinación con las redes de paramilitares que operaban con los servicios de Inteligencia de los dictadores. Nunca fueron sancionados. La lógica política dominante era "amigo-enemigo": los que piensan como yo son mis amigos y los que piensan diferente y se oponen a mi forma de pensar son mis enemigos, y a los enemigos hay que matarlos. Esta lógica predominó en la política boliviana hasta 1982.

Con el establecimiento de la democracia las cosas cambiaron, ya no se asesina al adversario, no se lo ejecuta, se lo descalifica mediáticamente, buscando que pierda apoyo y se lo acusa generalmente de ser corrupto; por eso hoy está en boga la judicialización de la política -siempre hubo politización de la justicia-, denunciar a los adversarios por todo y por nada para deteriorar su imagen publica y lograr su muerte civil.

Pero en los últimos años, y cada vez con mayor fuerza, la violencia avanza más allá del uso de grupos paragubernamentales, hacia acción espontánea de militantes y adherentes de alguna fuerza política de ciudadanos que actúan en masa y aun sin cobrar por ello, agreden, insultan, hasta torturan y violan e incluso matan, pero no reciben sanción ¿Recuerdan los buses de jóvenes que venían a La Paz desde Sucre y Potosí y lo que les hicieron en el camino?

Hay decenas de ejemplos y lamentablemente muchos de ellos son de la crisis del año pasado. Se investiga la represión institucional en Senkata y se busca ministros culpables, cuando el gobierno de turno, tan cuestionado por múltiples razones, en ese momento intervino porque estaban en riesgo las vidas de cientos de miles de ciudadanos, si es que los "movilizados" hacían volar la planta. En el mundo del revés en el que vivimos, a quienes atacaron una oficina pública y amenazaban la vida de todos los vecinos varios kilómetros a la redonda se los considera víctimas; mientras que los que actúan institucionalmente y bajo órdenes pueden ser encarcelados, como sucedió con los cinco exjefes militares sentenciados por la crisis de octubre de 2003. Puedes portar armas y amenazar a quien quieras si eres de un "movimiento social" o eres un "autoconvocado", si los vecinos torturan a un policía o a un militar no pasa nada. Es MAS, hay quienes quieren organizar milicias populares y no será para dialogar.

El "pueblo" puede asesinar en grupo -como en decenas de linchamientos- y si se detiene a alguien, los vecinos se organizan para pedir su liberación, también lo hemos visto decenas de veces. No estoy de acuerdo con la represión institucional, no, pero no puede censurarse el uso de la violencia desde el Estado e ignorar la violencia desde la sociedad y hasta premiarla y "resarcirla".

No me refiero sólo a la violencia delincuencial o vandálica de 2019, me refiero a vecinos que se organizan para agredir, amenazar y pueden "multar" a quienes no piensan o actúan como ellos esperan, hablo de militantes del MAS o de la Unión Juvenil Cruceñista -por poner un par de ejemplos-, que buscan la eliminación de su adversario y están dispuestos a hacerlo con sus propias manos. La violencia se profundiza producto de la crisis y manipulación de la justicia. No hay capacidad de sanción. Es entropía.


Jimena Costa Benavides es politóloga.