Ninguna reforma judicial será posible sin recursos, y ésta es otra de las carencias
centenarias de nuestra justicia casi miserable, con pocos jueces y fiscales mal pagados,
hacinados en las capitales de departamento pero ausentes en la mayor parte del territorio
nacional; y con un manejo improvisado y casi discrecional de su escaso presupuesto.
Los datos del Presupuesto General del Estado (PGE) 2020 dan cuenta que al Órgano Judicial se
le asignaron 1.092 millones de Bs. de los 211 mil millones de Bs. que es el total del PGE, o sea que
al Poder Judicial, que debe impartir justicia a todos los bolivianos, se le asignó apenas el 0.51%.
Ni siquiera se llega al 1% para toda el área de Justicia, ya que incluyendo al Ministerio Público
y al Ministerio del ramo, lo asignado es de 1.400 millones de Bs., con lo que se alcanza apenas al
0.6% del mismo PGE.

Esta asignación presupuestaria, además de paupérrima, es absurda si vemos que el
presupuesto tan sólo del Ministerio de Gobierno de 3.900 millones de Bs., más que triplica todo lo asignado al poder judicial y a la administración de justicia!!

Según datos de este año, son menos de 1.100 jueces y no más de 550 fiscales para atender
a 11.6 millones de habitantes, cuyos sueldos, salvo los de las máximas autoridades,
no corresponden a la responsabilidad de administrar justicia, e incluso, en la base
de los funcionarios, son casi una invitación a los sobornos. Y eso que más del 70% del
presupuesto judicial está destinado a sueldos y salarios. Solo el 9% de los recursos judiciales se
los invierte en infraestructura y equipamiento, por lo que esa infraestructura es deplorable en
las capitales de departamento y casi inexistente en provincias. Y la situación es peor cuando
se trata de tecnología y medios de trabajo. El hacinamiento y la precariedad de todas las
oficinas (incluyendo los denominados "palacios") es alarmante, por lo que en nuestro país es casi
imposible pedir que se "administre justicia" con eficiencia en condiciones tan penosas. Y para completar el cuadro, también es precaria la capacidad de gestión administrativa en la
elaboración y ejecución de las políticas y de los presupuestos que, con mucho atienden
los requerimientos de partidas básicas, sin posibilidad alguna de formular planes de
fortalecimiento y proyección institucional y menos estrategias para la transformación de la
gestión y del servicio judicial.

Con la creación del Consejo de la Judicatura en 1997 se intentó racionalizar la administración
de los recursos y el propio "gobierno judicial",a partir de una visión gerencial de los mismos
que no debe estar en manos de los jueces, que solo tienen que administrar justicia y no dineros
públicos, pero con la Constitución del 2009 se retrocedió creando la Dirección Administrativa
y Financiera enteramente dependiente de los jueces supremos, dejando al Consejo de
la Magistratura solo las labores de "control y fiscalización".
Entonces está claro que, además de carencia de recursos, no contamos con una administración
autónoma que debería ser correspondiente a políticas integrales de gestión y administración
judicial. No se publican ni conocen inventarios, ni diagnósticos oficiales de la situación
"material" del Órgano Judicial y menos una política de corto y mediano plazo para encarar
sus graves deficiencias y especialmente para atacar la enorme retardación de justicia y
modificar la gestión del trámite judicial que, al menos, debería medir la eficiencia
de los operadores de justicia, cuantificando los procesos, su duración y, especialmente,
verificando la calidad de fallos y sentencias.

Una de las pocas conclusiones prácticas de la "Primera Cumbre de Justicia" de 2012 fue
requerir al nivel central del Estado al menos un 3% del presupuesto nacional, aunque el
Consejo de la Magistratura nunca desarrolló el requerimiento con el plan de "inversión"
respectivo. Al parecer se trató de un tímido pedido a "ojo de buen cubero" y por lo tanto
sin destino cierto, ya que en otra "cumbre", el año 2016, se archivó la propuesta de incremento
presupuestario, mientras que el "Plan Sectorial 2013-2025", elaborado por el Ministerio de
Justicia, omitió referirse a la insuficiencia crónica del presupuesto, planteando en su lugar
que la ampliación de la infraestructura judicial sea asumida por gobernaciones y alcaldías…
Un "Plan General" de gestión, administración y gobierno del Órgano Judicial es imprescindible,
pero no tendrá sentido si no se asigna una partida mínima en el PGE que lo sustente, junto
con su manejo y administración autónoma a cargo de un verdadero Consejo de la
Magistratura.

Un 5% del PGE podría ser un mínimo con el que se encaren planes de corto y mediano
plazo; partida presupuestaria que deberá ser inscrita en la Constitución para desterrar las
manipulaciones y condicionamientos desde el poder central.

En los últimos días, no sin razón, el Ministro de Justicia, ha emprendido contra los tres
consejeros de la Magistratura para que renuncien por "incumplimiento de deberes".
Ojalá que lo hagan, pero igual renuncia debería pedirse a toda la cúpula judicial ilegítima
porque todos perdieron la votación del 2017, donde ganó el 60% de los votos blancos y nulos;
y porque todos ellos en estos 3 años también "incumplieron sus deberes".
Pero con presupuestos miserables, cualquier cambio de magistrados será sólo reiteración de
demagogia e incluso de autoritarismo.


Juan Del Granado, es abogado y politico