¿Quién en las principales ciudades del país puede afirmar que las cosas han mejorado en el primer año de los nuevos alcaldes? Seguramente alguien que cree que el fanatismo es sinónimo de sinceridad. Las gestiones municipales, salvando una que otra excepción, han mostrado mediocridad al completar el primero de cinco años de administración, el 3 de mayo de 2022.

Las gestiones departamentales, que también cumplen un año en la misma fecha, son parte de esa medianía y, por tanto, temo que nadie en los nueve departamentos del país, salvo los obsecuentes, podría decir que tal o cual gobernador ha destacado con nitidez en la administración de los intereses de las regiones.

Hay que reconocer que la pandemia del coronavirus y la reducción en la transferencia de recursos públicos conspiraron contra las nuevas autoridades de los niveles departamental y municipal, pero queda claro que la innovación en tiempos difíciles es la gran ausente en la mayoría de las alcaldías y gobernaciones.

Los grandes evaluados serán los gobiernos subnacionales del eje, además de El Alto, porque están permanentemente en la vitrina mediática, pero el resto pasará inevitablemente por la mirada crítica de sus comunidades. Que eso se mediatice, es otra cosa, pero las autoridades deben saber que no se librarán jamás del juicio ciudadano.

En el primer año no hubo noticias sobre la ejecución de nuevos proyectos, obras y programas que apunten a mejorar las condiciones de vida de la gente. Los grandes escándalos de corrupción y la victimización intentaron disimular las pobres gestiones en las capitales y en los departamentos.

Los casos de los ítems fantasmas en Santa Cruz de la Sierra y de las ambulancias fantasmas en Potosí se tragaron de un solo bocado la atención de la opinión pública durante buena parte del primer año que derivaron en la detención preventiva de exautoridades cruceñas y en el cinismo y dilación en el caso de la gobernación potosina.

Otros temas polémicos como el haber sorprendido al Gobernador de La Paz consumiendo bebidas alcohólicas en su despacho en lugar de planificar cómo se recupera el liderazgo paceño en lo político y económico, o el haber dejado la silla municipal a los hijos concejales cuando los alcaldes de Santa Cruz y Cochabamba viajaron al exterior pusieron lo importante en segundo plano.

A los gobiernos subnacionales les tocó la tercera y cuarta ola de la pandemia del Covid-19 y sus esfuerzos institucionales se concentraron en la vacunación masiva, acompañada de la retoma de actividades para impulsar la reactivación económica, pero luego aflojaron y dejaron la aplicación de las dosis de refuerzo y la vacunación a los niños a la inercia.

La nueva gestión municipal de Santa Cruz, al mando de Johnny Fernández, ha sido incapaz de confeccionar y firmar un nuevo contrato de aseo urbano y ha puesto en el limbo el proyecto del Bus de Transporte Rápido. La falta de luces en lo técnico fue encubierta con la judicialización de ambos temas con los casos BRT 1 y 2 y el allanamiento fiscal a las oficinas del exgerente de Emacruz.

En La Paz, las pruebas de la incapacidad técnica de Iván Arias y su equipo de conducción es que en un año entero no pudieron completar un viaducto iniciado en la anterior gestión y su programa estrella de la ciudad de los mil colores quedó reducido al pintado de unos diseños caprichosos en la avenida reasfaltada donde fue inaugurado el edificio más alto del país.

Muchos que votaron por el locuaz Alcalde paceño para evitar que el MAS se tome La Paz, hoy expresan arrepentimiento sobre su decisión electoral.

En El Alto, ante la falta de grandes obras, Eva Copa reinauguró la Terminal Metropolitana de Buses, mientras trata de utilizar su buen relacionamiento político con el gobierno de Luis Arce para viabilizar proyectos que requieren financiamiento concurrente o una dosis de voluntad política para destrabar los pasos burocráticos.

La excepción parece ser la administración municipal conducida por Manfred Reyes Villa en Cochabamba que estrenó un sistema de parqueos informatizados, contenedores de basura soterrados, se puso a remodelar parques y centros de esparcimiento familiar, y terminó pasos a desnivel iniciados en años anteriores.

A nivel departamental, el conflicto político dominó las acciones de los gobernadores de Santa Cruz, Potosí y La Paz, mientras que los otros seis jefes de gobierno regional han sido verdaderos hologramas. Luis Fernando Camacho optó por la confrontación con el gobierno central, pero no venció ninguna de las escaramuzas.

Y como esa fórmula no produjo resultados, redirigió la pugna hacia su predecesor en la Gobernación. El saldo es el debilitamiento de la institucionalidad cruceña, la más fuerte en los últimos 15 años, y la penosa constatación de que la talla de los actuales líderes cruceños es pequeña ante el enorme tamaño de los desafíos de su región.

Ha pasado un año y los actuales alcaldes y gobernadores siguen en deuda con sus comunidades. Empezarán el segundo, en el que echarle la culpa de todo a las anteriores gestiones dejará de tener efecto. Deberán hablar menos y hacer más porque la transformación urbana y el desarrollo en las provincias no pueden detenerse, sería criminal.

¿Cuánto de los POA aprobados para esta gestión se ha ejecutado en el primer cuatrimestre de 2022? El escándalo, el conflicto, la victimización sirven, pero se agotan. La gente se ha vuelto exigente y lo que espera son resultados y punto. Si las nuevas autoridades municipales y departamentales no lo toman en cuenta, enfrentarán turbulencias que pueden acabar en procesos revocatorios. Así que ha recuperar el año perdido y ponerse a trabajar, pero en serio.