Cuando el alegato final, en el juicio a la dictadura, le dijimos a García Meza, Arce Gomez
y a 54 de sus colaboradores que nuestro objetivo, a lo largo de 9 años, siempre fue la
justicia y nunca la venganza ni el olvido, sentamos un precedente que debió ser cimiento de
una verdadera pedagogía democrática. Es que los criminales que nos obligaron a andar
con el testamento bajo el brazo, pudieron concurrir libres a todas las audiencias; los que
allanaron a media noche miles de hogares y detuvieron a cientos de bolivianos sin mandamiento alguno, torturándoles sin piedad en la incomunicación más absoluta, nunca fueron detenidos preventivamente, tuvieron abogados todo el tiempo, presentaron sus "pruebas" sin obstáculos, y formularon todos los "incidentes" imaginables para demorar el juicio. Los que asesinaron y balearon cobardemente a Marcelo Quiroga a los héroes de la calle Harrington, a Luis Espinal, a Gualberto Vega, a Carlos Flores, nunca sufrieron rasguño material alguno, jamás fueron vejados y su dignidad como personas se la respetó siempre, pese a lo depreciable de sus crímenes.

Difícil saber si esa larga lección --por eso pedagogía--que la democracia les dió a los dictadores
haya modificado sus espíritus primarios, pero sin duda que el Juicio de Responsabilidades
adquirió la dimensión histórica nacional e internacional que hoy valoramos y que explica
en buena parte la estabilidad democrática de estos 37 años. He acudido a lo vivido hace
cuatro décadas porque aquella vez el contraste fue luminoso. Pero hoy debemos nuevamente
buscar la luz, para no encarar la transición democrática a tientas, con torpeza.
¿Tiene sentido hoy, iniciada la transición y la recuperación democrática, utilizar, así sean
solo parecidos, los métodos y las formas de los autoritarios fugados en noviembre? ¿Estamos
buscando justicia, o estamos tras de alguna forma de revancha que, pese a la bulla que provoca, es por lo general la antesala del olvido y de
la impunidad?

EL POPULISMO AUTORITARIO Y CORRUPTO

No solo que en los 14 años pasados se esfumó muy rápido la esperanza con el autoritarismo,
el hegemonismo y la corrupción, sino que todo el país sufrió con nuestros hermanos indígenas
apaleados en Chaparina, con nuestros compañeros mineros muertos en Posoconi y
Panduro, con los discapacitados humillados en plena plaza Murillo. O con lo que fue rutina
diaria de los intolerantes: decenas de personas enjuiciadas por ser opositores; fiscales extorsionando a acusados, juicios interminables por supuestos crímenes montados y detención preventiva sin el menor indicio.

Ocuparíamos mucho espacio si detallamos la corrupción masista, esa fractura que pulverizó
la demanda ética de la sociedad frente al raterío de las dictaduras o el pillerío neoliberal.
Se trató de casi 400.000 mil millones de dólares de ingresos contabilizados en los 14 presupuestos anuales que, en buena parte, se fueron por
el caño de la malversación, de los sobreprecios y de los negociados, mientras nuestros enfermos de cáncer clamaban por unos meses más de vida sin respuesta; mientras se construían museos para nada y se edificaban palacios para nadie.

Y por eso es imprescindible que al inicio de la transición democrática, en estos días y en estos
pocos meses, durante la transición electoral se lleve adelante, así sea de manera inicial, el desmontaje del autoritarismo y de la corrupción
del régimen masista. Pero no de cualquier manera, no con señales de
revancha, no con formas parecidas y, peor, no con los mismos jueces y fiscales. Esta década
pasada vivimos en carne propia la impotencia de ver nuestro domicilio empapelado con citaciones y mandamientos, el embargo de nuestros
bienes y la eminencia de nuestra privación de libertad, y por eso podemos imaginar lo
que sufrieron otros bolivianos en estos 14 años cuando perdieron a sus seres queridos en Pando, en la Calancha o en el Hotel Las Américas.

TRANSICIÓN Y PEDAGOGÍA DEMOCRÁTICA

Pero la revancha y el talión no es el camino para la transición democrática. Es que no tiene
destino alguno el establecer presunción de culpabilidad sobre toda ex autoridad masista;
tampoco encarcelar y enjuiciar a funcionarios menores, apoderados, tramitadores o parientes.
Peor detener a asilados con salvoconducto, o ser complacientes con "vigilias" abusivas.

Guardando las distancias, la transición democrática debe ser el escenario de un nuevo
momento de pedagogía democrática como ocurrió con García Mesa. De respeto absoluto a
los derechos constitucionales, sin cesar un solo momento en la investigación de los hechos delictivos y corruptos del populismo autoritario.
La transición democrática debe ser el mejor escenario para mostrar que sí es posible investigar
y sancionar correctamente a los culpables, sin dejar resquicio ni al olvido ni a la impunidad,
pero respetando el Estado de Derecho. Mucho más si la impunidad de los autoritarios
de ayer es sólo una parte de la impunidad histórica que el país entero debe combatir,
como parte de la construcción de una verdadera
cultura democrática. Todavía no conocemos el "informe" de la denominada
"Comisión de la Verdad", pero parece que avanzó poco, porque al gobierno
de Morales no le interesaba la verdad y mucho menos la justicia. Y entonces estamos casi en
punto cero respecto a la impunidad dictatorial de hace cuatro o cinco décadas - las dictaduras
de Barrientos y de Banzer -; y peor respecto a la impunidad de los gobiernos liberales, que
masacraron a los muchachos de la CNPZ, que mataron mineros en Amayapampa, que acribillaron 74 bolivianos en octubre negro y qué, lamentablemente hoy, podría continuar con
los compatriotas muertos hace sólo tres meses en Sacaba y Senkata.
Esa y no otra es la dimensión integral de la tarea siempre pendiente de acabar con la impunidad
delictiva del Estado, que es y será la base de una verdadera cultura democrática, que
siempre hemos reclamado, y que hoy la reclamo de los gobernantes transitorios, para acompañar bien la valentía de la presidenta Añez y,
sobre todo, para hacer honor a esa enorme movilización que permitió, en sólo 20 días, poner
en fuga a los que pisotearon los derechos de muchos bolivianos.

La Paz, febrero de 2020

Juan Del Granado es abogado y politico