El alcalde de La Paz, Iván Arias, aseguró este miércoles que activó una denuncia penal contra su antecesor Luis Revilla y los concejales de la anterior gestión municipal por haber aprobado y ejecutado el cobro anticipado de impuestos municipales que correspondían a 2021, mediante ley edil, y que fue declarado ilegal con informe de tres instituciones del Estado.
"El señor Revilla ha cobrado 260 millones de bolivianos por impuesto adelantado. Según sus asesores era legal, resulta que el Ministerio de Economía, la Contraloría, y el Tribunal Constitucional nos han respondido, ese es el trámite que he hecho; nos han señalado que eso es ilegal y por lo tanto al señor Revilla y a los concejales que han aprobado aquello se les va a iniciar proceso, lo estoy iniciando", afirmó Arias.
El alcalde de La Paz dijo que cuenta con suficientes respaldos de los informes emitidos por el Ministerio de Economía, la Contraloría General del Estadio y el Tribunal Constitucional Plurinacional, donde se elevó una consulta sobre la legalidad de la Ley Municipal Autonómica de Descuento Excepcional por Pago Voluntario y Anticipado de Impuestos por Inmuebles y Vehículos Automotores que puso en vigencia Revilla, bajo el argumento de falta de dinero debido a la pandemia de la Covid-19.
El Alcalde de La Paz dijo que son seis procesos que están en análisis para la anterior gestión municipal. Con respaldo de los informes, agregó, están en curso las auditorías respectivas.
El cobro anticipado que ejecutó la anterior gestión municipal, entre el 20 de octubre de 2020 y 18 de enero de 2021, llegó al 63% de los contribuyentes y para este año, bajo la administración del alcalde Iván Arias, solo se pudo sumar el aporte fiscal del 37%, que equivale a 178,6 millones de bolivianos; cuando lo que correspondía era cobrar el total de los 481,8 millones de bolivianos calculados para este año.
Según el reporte de la Alcaldía de La Paz del 6 de julio, la gestión de Revilla dejó un déficit financiero de 549 millones de bolivianos por sobrestimación de ingresos y una deuda de 490 millones de bolivianos por servicios y obligaciones con empresas municipales y privadas.