El Ministerio Público insta al cívico Rómulo Calvo a responder por los hechos ilegales cometidos como funcionario público y dirigente del sindicato de la Caja Petrolera de Salud, además de acciones al frente del Comité Cívico pro Santa Cruz.

"No aceptamos ni entendemos cuál es el fundamento de Rómulo Calvo para decir que es un perseguido político porque sus actos se adecuan a varios tipos penales que son investigados. Cualquier ciudadano que incumple la norma debe ser investigado y él tiene las vías legales para demostrar su presunta inocencia. El Ministerio Público investiga hechos y con colección de evidencias atribuye responsabilidad", dijo el secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe.

Declaración suspendida

Una vez admitida la denuncia del Comité Impulsor de Juicios por el Golpe de 2019, ayer en la mañana Rómulo Calvo debía presentarse en la Fiscalía de La Paz para declarar, en calidad de sindicado, por los delitos de sedición, conspiración, actos de terrorismo, incitación a delinquir y violación al derecho y libertad al trabajo.

El cívico no acudió y su declaración fue suspendida porque su abogado dijo que tenía otra declaración informativa en Santa Cruz.

El jurista presentó una excepción de incompetencia que deberá resolver el juzgado, en tanto no se tiene nuevo día y hora para que emita su declaración.

Al respecto, Quispe manifestó que la Fiscalía no puede ser dictatorial y que respeta la Constitución y las leyes.

"Su abogado ha presentado un memorial indicando que existiría una suerte de incompetencia y eso se debe resolver. No podemos usar los órganos coercitivos (aprehensión) y esperaremos que en la próxima citación esté presente porque tendrá obligación de concurrir a la convocatoria", dijo.

Pese a que los delitos se habrían cometido en Santa Cruz, este caso es atendido en la ciudad de La Paz porque es competente para atender delitos entre terrorismo y sedición.

Durante los nueve días de paro cívico en contra de la Ley 1386, Rómulo Calvo dijo que su lucha continuaría hasta lograr la renuncia de Luis Arce y que tenía la receta para hacerlo, en referencia a que en 2019 los 21 días de movilización culminaron con la renuncia de Evo Morales, y luego se apoyó la presidencia inconstitucional de Jeanine Añez.

Pese a las evidencias, Calvo asegura que se trata de una persecución política.