En 1990, en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe se eligió el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, para rememorar la promulgación de la Ley de los Vientres Libres (1871) mediante la cual se otorgaba libertad a los hijos de las mujeres esclavas en Brasil, última nación americana en abolir la esclavitud. De manera simbólica, esta fecha nos recuerda que los cuerpos de las mujeres continúan siendo tutelados, controlados y las decisiones de las mujeres sancionadas y proscritas. La fecha ha sido tomada a nivel global y ahora es el Día Internacional del Aborto Seguro.

La criminalización del aborto es una de las expresiones más claras del control que ejerce la sociedad sobre las decisiones de las mujeres, acerca de sus vidas y sus cuerpos; y las activistas por la despenalización del aborto nos recuerdan cada 28 de septiembre la necesidad de avanzar en normativa que reconozca el derecho a las mujeres a decidir.

En Bolivia el aborto continúa penalizado, con excepción de los casos de violación y riesgo de salud y vida de la mujer. Existe una sentencia constitucional que establece que las víctimas de violación pueden acceder a una interrupción legal de embarazo en los servicios públicos de salud, con la presentación de la denuncia. En un país con altas tasas de violencia sexual contra mujeres y niñas, esta información ha sido poco difundida y persisten trabas y obstáculos para el acceso de las víctimas a sus derechos. La promulgación del Código del Sistema Penal constituyó un importante avance en el reconocimiento del derecho de las mujeres al aborto seguro y, a pesar de haber sido abrogado en enero de 2018, contribuyó a la visibilización y debate público sobre aborto.

Mantener la penalización del aborto por casi ya 50 años, no ha sido una medida efectiva para disminuir su práctica, por eso es necesario preguntarse, qué sentido tiene ahora continuar criminalizándolo.

El aborto no es un problema que deba ser abordado desde el ámbito penal, corresponde más bien al campo del derecho a la salud, desde una concepción más amplia que la simple ausencia de enfermedades; y desde las políticas públicas integrales, que aseguren servicios de salud sexual y reproductiva, acceso a educación sexual integral, a información adecuada que permita el inicio de la vida sexual sin presiones ni violencia, que garantice el acceso a métodos modernos y eficaces de anticoncepción; para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, entre otros. Al mismo tiempo, plantea le necesidad de transformar la mirada de nuestra sociedad sobre las mujeres, sobre sus libertades y derechos, dejar de considerarlas sujetos cuyas decisiones deben ser tuteladas y vigiladas y avanzar hacia la transformación de las relaciones de poder entre mujeres y hombres, que generan desigualdad.

La demanda por el acceso al aborto seguro está basada en principios de derechos humanos y los estados son responsables de asegurar servicios de aborto accesibles, aceptables y de calidad, sin discriminación para evitar las elevadas tasas de mortalidad materna vinculadas al aborto inseguro en nuestro país. El acceso a aborto legal y seguro es esencial para la igualdad económica, la autonomía y el derecho a la autodeterminación de la vida de las mujeres.