El gobierno y 10 abogados coinciden en que debe haber una reforma a la CPE para cambiar la justicia

El gobierno nacional y un equipo de 10 abogados coincidieron este miércoles en plantear un referendo, que abra la Constitución Política del Estado y así realizar reformas a la justicia.

El equipo de reconocidos juristas conformada por José Antonio Rivera, Katia Saucedo, Gualberto Cusi, Bernarda Flores, Ramiro Orías, Samuel Flores, Gabriela Sauma, Juan Del Granado, Marcelo Fernández y Soraya Santiago, planteó la modificación de 12 artículos de la Carta Magna. El objetivo es que haya magistrados idóneos e independientes, una carrera judicial para jueces y mayor asignación presupuestaria. César Siles, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, manifestó que todos los cambios que se quieran realizar a la justicia, necesariamente deben pasar por una reforma constitucional y eso implica la convocatoria a una consulta.
"La Constitución misma dice que requisitos se necesitan para un referéndum y si el pueblo tiene que votar con ello, si se cumple las condiciones, se lo va a hacer", dijo la autoridad gubernamental en declaraciones al portal informativo Urgente.bo.
Entre las propuestas que tiene el Ejecutivo está el modificar el Código de Procedimiento Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público y una nueva ley de Derechos Reales (DDHH). Siles, está consiente que esa intención puede generar molestia en el Consejo de la Magistratura, pero indicó que es necesaria socializarla y aprobarla.
"Si queremos cambiar la forma en que funciona el Consejo de la Magistratura y sus atribuciones que tiene, en relación con los tribunales ordinarios y agroambiental, tenemos que cambiar la Constitución", acotó.
Otra de las coincidencias entre el gobierno y el equipo de juristas, es la designación de mayor presupuesto para el Órgano Judicial. Siles dice que el presupuesto no llega al 0.5% del Tesoro General de la Nación (TGN). Por su parte, el equipo de abogados manifestó que esto hace que la administración de justicia un "servicio" miserable, con pocos jueces y funcionarios, hacinados en las ciudades capitales, con sueldos bajos y sin condiciones mínimas de trabajo.
"Proponemos un presupuesto mínimo del 3% del Tesoro General de la Nación, porque no podemos exigir al Órgano Judicial un mejor funcionamiento, si el presupuesto que le asigna el Estado es paupérrimo", dijo Katia Saucedo, quien es parte del equipo de reconocidos abogados.
"Pero, además, proponemos garantizar su correcta administración con un eficiente y nuevo Consejo de la Magistratura que tenga idoneidad técnica y esté dotado de todas las atribuciones presupuestarias, disciplinarias, de nombramiento de jueces y de manejo de una verdadera carrera judicial, que nos garantice jueces idóneos e independientes en toda la estructura judicial del país. Para ello se deberán modificar los Arts. 178, 193 y 194 de la CPE", dice el escrito.