Tras diversas agresiones a trabajadores de la prensa durante la última semana, la Relatoría Especial para la Libertad Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los acontecimientos y pidió al Estado boliviano a garantizar el trabajo de la prensa en el país.

"La Relatoría de la CIDH manifiesta su preocupación ante los reportes recibidos sobre el uso de la fuerza pública y detenciones en contra de trabajadores de la prensa que cubrían el conflicto entre productores de hoja de coca en la zona de los Yungas, La Paz. Según la información disponible, un periodista de Página Siete fue agredido y detenido por la policía, y dos corresponsales habrían resultado heridos por gases lacrimógenos. En los días previos, esta Oficina también registró agresiones a reporteros en Santa Cruz y Cochabamba", señaló la Oficina de la CIDH a través de su cuenta de Twitter.

En ese sentido, la Relatoría Especial para la Libertad Expresión de la CIDH exhortó el Estado boliviano a garantizar el trabajo de la prensa en el país.

"La Relatoría recuerda que la labor de periodistas en contextos de conflictividad social resulta crucial para mantener informada a la ciudadanía; por lo que llama al Estado a otorgarles el máximo grado de garantías a fin de que puedan cumplir su función con libertad y seguridad", agrega.

En menos de una semana, al menos cuatro trabajadores de la prensa fueron agredidos durante coberturas periodísticas en el eje del país. La Defensoría del Pueblo pidió garantías para el trabajo periodístico y las asociaciones de prensa repudiaron las agresiones.

El lunes, el periodista Miguel Rojas Fernández, del diario Opinión de Cochabamba, fue agredido cuando registraba las agresiones de parte de supuestos partidarios del alcalde Manfred Reyes Villa, contra una persona en aparente estado de embriaguez a la que echaron de un espacio público e incluso empujaron al piso.

En la grabación el periodista registra parcialmente esos sucesos hasta que un grupo de personas empieza a increparlo y lo golpea.

Ayer, martes, el periodista Carlos Quisbert, de Página Siete de La Paz, fue detenido por la Policía durante la cobertura del conflicto cocalero en Villa Fátima. En horas de la tarde, el periodista fue liberado.

En tanto, el camarógrafo Santiago Limachi y su hijo Sergio, ambos afiliados de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional, fueron gasificados por la Policía.

Al respecto de los últimos acontecimientos, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, ratificó que el trabajo de la prensa está garantizado en "todos los rincones del país".

"En relación a los últimos sucesos acaecidos el día de hoy, como Ministerio de Gobierno anunciamos una investigación y garantizamos el trabajo de la prensa en todos los rincones del país. La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia", afirmó a través de su cuenta de Twitter.