Ha pasado más de año y medio desde los hechos luctuosos de 2019. Durante todo ese tiempo los bolivianos hemos estado sometidos a narrativas inverosímiles que se instalaron poco a poco en el imaginario colectivo gracias a la conveniencia política y la hegemonía mediática. Sin embargo, nada parece perecedero. El último informe del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) sobre la violencia y la violación de derechos humanos durante la crisis poselectoral de 2019, trabajado en ocho meses, acaba de echar por tierra algunas narrativas, que resultan las contraposiciones políticas a los hechos, que muchas veces son difíciles de admitir. ¿Masacre o enfrentamiento? No van a contarnos. Quienes estuvimos pendientes de los sucesos de 2019 vimos con indignación cómo las fuerzas militares y policiales, al amparo del Decreto 4078, irrumpieron con violencia en las movilizaciones contrarias al gobierno recién proclamado de Jeanine Áñez. Entonces, políticos y medios de información consideraron y titularon los hechos como "enfrentamientos". ¿Puede haber en un enfrentamiento muertos y heridos en un solo bando? No, a no ser por la superioridad numérica o la logística de unos sobre otros, pero siempre en condiciones similares de enfrentamiento: contingentes, pertrechos o experticia. En la represión de Sacaba y Senkata solo unos tenían la fuerza y armas. Unos eran militares y policías, y otros, movilizados. ¡Hubo masacres! Así lo vimos, y el GIEI acaba de decirlo con contundencia: "El GIEI no duda en llamar a los hechos de Sacaba y Senkata como masacres". ¿En 2019, los movilizados planearon volar la planta de Senkata? La narrativa, surgida desde el muro de un periodista, dice que sí. Y el relato señalaba que los manifestantes planeaban el extremo, y cierto periodismo comenzó a especular incluso con el radio de impacto —cinco kilómetros— y el número de posibles fallecidos, que no eran menos de 5.000. El GIEI acaba de derrumbar la leyenda urbana: "De hecho, quedó demostrado que, aun tras el derribamiento del muro, los manifestantes no representaban un riesgo concreto para la seguridad de la planta". ¿Y dinamitaron el muro, como cierto diario tituló? Un grupo, "de no más a un centenar de personas", derribó el muro, dice el GIEI. Sobre la masacre de Sacaba, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que los manifestantes se dispararon entre sí: "Muestra una parte donde dicen 'hagámonos daño. ¿En qué cabeza macabra puede entrar 'hagámonos daño para culparles a ellos'?". No se dispararon entre sí. "No se comprobó que manifestantes hayan hecho uso de armas de fuego, entre sí o en contra de las fuerzas de seguridad", dice el GIEI sobre Sacaba. Cuando ocurrió la masacre de Senkata, el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, dijo que "del Ejército no salió ni un solo proyectil". El ministro se disparó en el pie, el GIEI afirma que "no se conoce la motivación para el ataque contra civiles, pero es posible concluir que la masacre fue resultado de la acción de los órganos de seguridad del Estado". El informe del GIEI abarcó septiembre a diciembre de 2019, entre el gobierno de Evo Morales y el de Jeanine Áñez. Los hallazgos señalan graves violaciones de derechos humanos, ejecuciones sumarias y "sin amparo legal", y las masacres de Sacaba y Senkata. La narrativa nueva es que tanto Morales como Áñez deben ser juzgados por similares presuntos delitos. Es más, con ese argumento, Áñez desafió a Morales a someterse a un juico como ella. Pero las masacres, la más grave violación de derechos humanos, ocurrieron en el gobierno transitorio. Así estamos, condenados a convivir con eso hasta que otro organismo tutelar nos diga qué sucedió en un caso o qué hacer sobre un hecho. Hasta esperar seguirán instalándose otras narrativas. Rubén Atahuichi es periodista. *La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de La Ventana
Senkata y Sacaba, las narrativas que caen
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