Lo que en noviembre de 2019 se puso en la cuerda floja fue la estructura elemental del Estado que, como sabemos, se encuentra compuesta por cuatro poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Como lo sabe todo el país y la comunidad internacional, en una misma jornada el Ejecutivo se desmanteló inmediatamente tras la renuncia simultánea de los entonces presidente y vicepresidente del país y el Poder Electoral comenzó a desmantelarse con las aprehensiones de su presidenta y quien fuera su vicepresidente hasta hace unos días antes, seguido de varias otras aprehensiones de vocales de nivel nacional y departamental.

En pie quedaban dos poderes electos vía voto popular: el Legislativo y el Judicial. Pero además del Poder Judicial quedaba en pie el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), principal guardián de la Constitución Política del Estado junto con las fuerzas del orden que son las llamadas a garantizar el imperio de la CPE.

En lo que respecta al TCP, se sabe que a los pocos minutos de la autoproclamación de la presidenta transitoria emitió un comunicado que entonces fue utilizado como respaldo de ese hecho. Durante el primer semestre de este gobierno algún magistrado de esa instancia señaló que ese comunicado no tenía valor legal ni era vinculante y luego —se dice— que una comisión de diputados les inició un proceso por este hecho, que ya finalizó con sobreseimiento.

Respecto al Poder Legislativo, la población ha ido conociendo versiones de algunos/ as relevantes asambleístas pero no de la totalidad de éstos/as. Durante los días de incertidumbre que atravesó el país hubo 166 personas a lo largo del país que tenían como mandato cuidar el poder otorgado, representar la voz de quienes los eligieron.

Sobre las instituciones policiales y militares algo también se ha dicho pero con el bajo perfil con el que siempre se maneja su información y bajo la sospecha de la impunidad que históricamente parece blindarlos. Aun así, quedan también dudas respecto a su rol, en tanto sumisión a un nuevo poder que nace de manera cuestionada como insubordinación a los poderes constituidos que quedaban en pie.

Todas y todos los actores que tenían un rol designado por la CPE o el mandato popular tenían obligaciones que cumplir durante esos días. ¿Lo hicieron o lo intentaron? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo?

Si la hipótesis principal que se maneja es que hubo ciudadanos y asambleístas que sobrepasaron sus atribuciones sin mandato para ello y "usurparon" el poder, es fundamental, para que la verdad sea completa, que conozcamos a detalle todas las acciones que se hicieron —en apego a mandato y por responsabilidad con él— para la "retención" del mismo por parte de quienes aún gozaban de un mandato en ese momento tan álgido para el país. Tomar un poder que no se te ha entregado democráticamente es tan grave e irresponsable como entregarlo cuando se te lo ha confiado.

Es tremendamente importante que el pueblo boliviano conozca hasta el último detalle cómo se dieron los sucesos que propiciaron, por acción u omisión, una ruptura institucional en el país y un posterior gobierno transitorio. Solo esa verdad permitirá que quienes tienen a cargo, en cada gobierno, preservar el imperio de la CPE lo hagan con responsabilidad y compromiso con la democracia como bien mayor; y no así apegados a la extrema pugna de poder personalizado que, en esta última ocasión, dejó en el limbo de la incertidumbre a la administración del orden institucional y democrático que nos mantiene en funcionamiento como sociedad. Lo cual no ha sido poco.