Estamos perdiendo la capacidad de asombro ante el sostenido avance de la pandemia del coronavirus. La semana pasada se batió el récord absoluto de contagios desde la llegada del COVID-19 al país y se alcanzó la cifra más alta de muertes en un solo día. Los 3.179 casos confirmados y los 102 fallecimientos son números que se confunden con otros reportados todas las noches por el servicio de epidemiología. Ya no conmueven. Los únicos aterrados son los familiares de quienes enfrentan al virus en su variante más letal, hospitalizados en terapia intensiva, con crisis de oxígeno y falta de medicamentos esenciales. Esos números que suman y suman son contrarrestados por el gobierno también con cifras: la cantidad de recuperados y sobre todo el número de vacunados con la primera o segunda dosis. Autoridades del Ejecutivo estiman que en junio la vacunación alcanzará al 32% de la población vacunable. El dato es importante pero un dato frío que tampoco despierta sentimiento generalizado de alivio. Penosamente, hemos adquirido el hábito de no perturbarnos ante los números de la crisis sanitaria que en términos globales superarán en cuestión de horas los 370.000 contagiados y las 14.500 muertes a nivel nacional. El asombro de la primera ola y el susto de la segunda parecen haberse convertido en cierto conformismo en la tercera arremetida. ¿Qué pasa mientras el COVID-19 recorre el país sin freno efectivo? Detrás del virus también avanzan los objetivos políticos del masismo a través de la administración de Luis Arce para consolidar la narrativa de que no hubo fraude electoral en 2019, evitar que la sociedad se organice, anular a las débiles fuerzas de oposición, copar plenamente los espacios en los órganos de poder, agudizar la persecusión política y someter a las Fuerzas Armadas y la Policía, entre otros pasos. Y como no hay campeón sin suerte, el caso Murillo le ayuda por el momento para arreciar sobre la otra mitad del país que votó en contra del MAS en 2020. El locuaz Ministro de Obras Públicas conectó el vergonzoso caso de corrupción que involucra al ex Ministro de Gobierno del gobierno transitorio con la revuelta ciudadana de los 21 días, acusando al Comité Cívico de Santa Cruz y al Consejo Nacional de Defensa de la Democracia de haber defendido "a raja tabla" a Arturo Murillo y sus arbitrariedades e irregularidades. Salvo excepciones, la respuesta fue la tibieza pero sobre todo un desesperado desmarque de quienes ingresaron a Palacio Quemado con biblia en mano y compartieron gobierno con el ex ministro ahora detenido en Estados Unidos. "El movimiento ciudadano de los 21 días, la Revolución de las Pititas, que se extendió por todo el país, cumplió su misíón histórica y recuperó la democracia. En los sucesos posteriores tuvo escasa o ninguna participación", sostiene el ex presidente cívico y ahora gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en un articulo de opinión pubicado este domingo por El Deber. Con sigilo político, mientras el foco de atención se posa en los resultados de una investigación federal sobre Murillo y sus cómplices en Miami, y sobre un estallido de operativos policiales y fiscales en Bolivia, tres proposiciones acusatorias para que la ex presidenta Jeanine Áñez y ministros de su gabinete sean sometidos a Juicios de Responsabilidades fueron admitidas por el Fiscal General del Estado por un "Préstamo Inconstitucional del FMI", "Violación de la Libertad de Expresión en la Cuarentena" y "Violación de Derechos Humanos de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile". ¿Qué harán los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa cuando se considere la aprobación o rechazo a la autorización congresal de esos juicios sin han condenado a Murillo y cuestionaron la gestión transitoria? Se necesitan dos tercios de votos para la autorización del enjuicimiento de altas autoridades de Estado, según la Constitución. El MAS ya no los tiene. ¿Parlamentarios de las bancadas de oposición votarán junto al MAS con el argumento de que eso confirmará que Áñez fue presidenta constitucional? Detrás del avance del coronavirus, en Bolivia también avanza el masismo. Además de las proposiciones acusatorias, los procesos judiciales bajo el supuesto del "golpe de Estado" pasaron a a activistas y líderes regionales. Los nombramientos de evistas clave vencieron el veto de los renovadores del MAS y, como prueba, ahora Héctor Arce es embajador boliviano en la OEA. Y el presunto tráfico de influencias en el contrato millonario a un bufete de ex procuradores generales no será motivo de ninguna pesquisa judicial y apunta a ser un nuevo hecho de impunidad. Salvo excepciones, lo anoto nuevamente, la especie de conformismo social ante el incremento sostenido de casos confirmados y muertes por coronavirus se parece mucho al adormecimiento del país democrático ante el avance político del masismo que parece tener como meta no dejar nunca más el poder. ¿Hace falta una vacuna para que la sociedad boliviana reaccione? Edwin Herrera Salinas es periodista