Diputados aprueba que subsidiaria argentina YPF ceda 40% de acciones del campo Charagua a YPFB Chaco en medio de polémica
El oficialismo y oposición tienen visiones contrapuesta sobre el beneficio de esta operación. El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, explicó que esta proceso es importante para no poner en riesgo la exploración

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que permite que la subsidiaria de la argentina YPF ceda el 40% de las acciones del área de exploración hidrocarburífera Charagua a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco. Mientras el oficialismo asegura que esa operación es favorable a los intereses nacionales, la oposición denuncia pérdidas económicas.

Tras nueve horas de debate se aprobó la ley que además establece que, de "existir éxito exploratorio" en Charagua, ubicado en Santa Cruz, la estatal YPFB formará una Sociedad de Economía Mixta con la subsidiaria argentina YPF Exploración & Producción de Hidrocarburos de Bolivia S.A. y YPFB Chaco, subsidiaria de YPFB.

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, explicó en la sesión legislativa que en el área de Charagua, en caso de tener éxito la exploración, la producción máxima de gas podría llegar a 6.4 millones de metros cúbicos, cuando alcance su máximo potencial.

"El contrato tendrá vigencia de 40 años. Su inversión inicial es de 122 millones de dólares, en fase exploratoria, y se prevé que, en caso de éxito, una inversión de más de 1.054 millones de dólares", detalló.

Sin embargo, sostuvo que "siempre hay una posibilidad de éxito o de fracaso. Si no avanzamos con la aprobación de la cesión de este contrato, yo creo que estaríamos poniendo en serio riesgo la paralización de la actividad exploratoria del país, y me refiero a una serie de proyectos de exploración".

Para la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar, Bolivia asume un riesgo al hacerse parte de las acciones de la subsidiaria argentina en la exploración hidrocarburífera que podría significar un costo de $us 48 millones.

Su correligionario Carlos Alarcón aseguró que la empresa con capital argentino tiene la obligación de inspección del campo Charagua, pero hasta el momento no se tiene conocimiento si hizo o no su trabajo dado que el contrato se firmó en 2017.

"Camuflan el contrato de riesgo compartido (el Estado no puede tener riesgo) de un contrato de prestación de servicios, eso implica que Bolivia asume el riesgo", insistió, según un boletín de prensa de Diputados.