El viraje político en el gobierno de Luis Arce es evidente tras la derrota del MAS en las elecciones regionales. En los últimos días ha tomado decisiones y puso en marcha acciones que son al mismo tiempo señales con un denominador común: controlar desde el poder las actividades de sectores específicos del país y de ahí a la sociedad en su conjunto. La actual administración quiere demostrar al instrumento partidario, al que cedió mayor capacidad de determinación y supervisión, que es capaz de regular y escarmentar "sin sonrojarse".

En una sola semana y volcada la página electoral, el gobierno asumió medidas de corte proteccionista como la suspensión condicionada de la exportación de carne vacuna. También anuló los decretos que daban paso a la producción de semillas genéticamente modificadas. En el campo fiscal, anunció un proyecto de ley para la aplicación del IVA a los servicios digitales que ahora se consumen masivamente y prepara otro para regular las encuestas de percepción ciudadana.

En la línea de controlar a como dé lugar al sector ganadero del oriente, los ministros asignados al tema se enredaron con los argumentos: primero sostuvieron que la exportación de carne de res –16.000 toneladas de las 284.000 que se producen en el país– está poniendo en jaque el abastecimiento interno y después afirmaron que el contrabando de ganado en pie a Brasil y Perú por parte de gente inescrupulosa está afectando el suministro del producto en los mercados nacionales.

Pese a ese laberinto de declaraciones públicas y de las iniciales amenazas de paros y otras medidas de presión por parte de los dirigentes de los carniceros, afines por supuesto al MAS, lo único que ha quedado claro en el conato de conflicto es que los grandes productores de carne vacuna deben tramitar ahora certificados de abastecimiento y precio justo, una verdadera entelequia, para que se les permita exportar los excedentes.

Y cuando la crisis económica de alcance mundial, derivada de la pandemia del COVID.19, exige a los países que se interconecten más para sortear mejor por ejemplo las dificultades en la producción de alimentos, el gobierno de Arce anuló los decretos de la expresidenta Jeanine Añez sobre semillas transgénicas. La consecuencia puede ser el aislamiento de Bolivia en el contexto internacional productivo. Pero hacia adentro es otro mecanismo de presión a los sectores agroindustriales porque no es que los cultivos transgénicos desaparecerán del país una vez abrogados los decretos, sino que su existencia dependerá de la administración de Arce.

Si algo perdió el MAS en el último tiempo y quiere recuperarlo cueste lo que cueste es la hegemonía política y cultural sobre la sociedad, esa sensanción generalizada entre la gente de omnipresencia y de poder absoluto de un partido y su caudillo sobre las relaciones Estado-sociedad y Estado-economía. Es más, desde la perspectiva del masismo, se debe retomar el control político sin derecho a pataleo en la propia organización partidaria. Así se puede comprender el notorio viraje del gobierno de Arce de los días pasados.

Pero se dieron otros pasos en esa dirección. El anuncio presidencial de que la Asamblea Legislativa smodificará la Ley 843 para gravar el IVA a los servicios digitales, al margen de que pueda generar mayor recaudación fiscal afectando al consumidor final, parece contener la idea del intento de control estatal disponiendo que las transnacionales abran representaciones en Bolivia y, lo que sería peor, tratando de regular servicios digitales concretos como los streaming o plataformas virtuales para la realización de reuniones masivas.

Evo Morales y el MAS quieren recuperar todo lo avanzado en la tentativa de controlar a la sociedad y parece que el gobierno de Luis Arce hará buena letra para tratar conseguir el objetivo. ¿Qué hará el país para impedir que la acción y el pensamiento totalitarios retomen impulso? La discusión está abierta.