1. La denuncia y el enjuiciamiento
contra la expresidenta Añez por "sedición,
conspiración y terrorismo" es una triquiñuela
destinada a encarcelarla ilegalmente,
eludiendo el juicio de responsabilidades
que le corresponde como expresidenta por
supuestos delitos que hubiere podido cometer
en el ejercicio de sus funciones.

2. Eludir el juicio penal de
responsabilidades, que tiene que tramitarse
ante la Corte Suprema de Justicia previa
autorización legislativa, es un ardid
contrario a la Constitución y a los derechos
fundamentales, reiterando el camino de la
persecución política, de la venganza partidaria
y de la confrontación, que pueden aparejar
graves riesgos a la convivencia democrática y
a la propia estabilidad gubernamental.

3. Nunca hubo golpe, sino fraude,
sublevación ciudadana y fuga. Pero por un
momento aceptemos que sí existió "golpe"
y que, como consecuencia de él, se instaló
un "gobierno de facto" que luego incurrió
en varias figuras típicas, como los hechos
luctuosos de Senkata y Sacaba, sobre los
que también el gobierno ha anunciado
el enjuiciamiento de los gobernantes
transitorios.

4. Si ello fuera así, la sedición, terrorismo
y conspiración supuestas, no serían sino
actos previos al "golpe de estado" que,
inmediatamente después, dieron origen al
"gobierno de facto". No se pueden separar
los hechos previos de un supuesto golpe de
estado, de los delitos que después hubieran
cometido los "gobernantes de facto"

5. Así ocurrió con García Meza que fue
enjuiciado por la Corte Suprema, siendo
condenado por los delitos cometidos,
incluyendo la sedición y la conspiración
consumadas previamente, antes de
posesionarse como presidente, como actos
delictivos anteriores pero indisolublemente
ligados al origen de su gobierno y a sus
acciones posteriores. Ya aquella vez quedó
clarísimo que, de ninguna manera, era legal
ni pertinente, separar los actos sediciosos
previos de los actos gubernamentales
delictivos posteriores. Los primeros eran el
vehículo para los segundos.

6. Hoy la separación que está haciendo
el gobierno no sólo es una aberración
jurídica, desde el punto de vista procesal
penal, sino un ardid para violentar las
garantías constitucionales y legales especiales
que la democracia boliviana le otorga a
la ex presidenta Añez como gobernante
constitucional transitoria.
En el peor de los casos y siempre suponiendo
que hubo "sedición conspiración y golpe
de estado", jurídicamente estaríamos
en presencia de lo que el Código Penal
conceptualiza como "concurso de delitos"
(Art. 44 y 45) que por ley ameritan una
SENTENCIA ÚNICA (Art. 46), que no
puede ser sino el resultado de un juicio de
Responsabilidades.

7. ¿Porqué está volviendo el presidente
Arce a los vericuetos abogadiles pretextando
búsqueda de justicia? Porqué ahora sus
fiscales separan la supuesta sedición,
conspiración y "golpe de estado", de los actos
supuestamente delictivos del "gobierno de
facto" posteriores?
Está claro que el gobierno del presidente
Arce está urgido de un acto visible, no de
justicia, sino de revancha vengativa en contra
de la expresidenta porque requiere, a sólo 5
meses de su instalación, urgentes balones
de oxígeno frente a los radicales del Mas,
frente a sus detractores internos de la antigua
cúpula que lo tildan de pusilánime y que lo
están cuestionando camino al cha

8. Pero sobre todo necesita oxigeno
frente a la mediocridad, la falta de iniciativa y
la inconsistencia de sus acciones de gobierno,
hasta hoy incapaces no solo de enfrentar las
crisis económica y social del país, sino de
mostrar algún signo visible de "retoma del
proceso de cambio; por lo que aparece como
un gobierno sin perspectivas de mediano
plazo.

9. ¿El vicepresidente Choquehuanca
estaba debidamente informado cuando este
sábado 13 senaló que en el caso de Añez "...no
es el odio el que impulsa nuestros actos, sino
una pasión por la justicia…", copiando sin
citarlo a Marcelo Quiroga Santa Cruz que dijo
eso mismo en el juicio de Responsabilidades
contra Banzer?

10. Critiqué al gobierno de Añez
precisamente por los abusos y no voy a
defenderlo ahora. Pero no puedo estar de
acuerdo con este atropello y peor cuando se
lo hace a nombre de la justicia y contra la
impunidad.
Hay que investigar todos los delitos que
se hayan cometido, en la jurisdicción que
manda la Constitución, pero todos, no solo los
del gobierno transitorio, sino los cometidos
durante 14 años, los de atrás y de mucho más
atrás.
La venganza igual que la impunidad están
muy lejos de la Justicia y de la Democracia.




Juan Del Granado es Abogado y Politico