En su informe por el primer año de gestión gubernamental, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, afirmó que derrotó un intento de golpe de Estado financiado por organizaciones narcoterroristas, que estuvo detrás de los 53 días de bloqueos que provocaron pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares y dejaron al menos 20 fallecidos.
"Derrotamos un golpe de Estado financiado por narcoterroristas", sostuvo Oviedo al presentar el balance de su gestión mediante un video difundido este lunes.
Según el ministro, la conspiración buscaba derrocar al presidente Rodrigo Paz y puso en peligro la continuidad de la democracia. Añadió que la Policía secuestró al menos ocho millones de bolivianos destinados a sostener las movilizaciones, lo que permitió avanzar en las investigaciones sobre estructuras de financiamiento ilícito.
El titular de Gobierno abrió su informe con una afirmación sobre los resultados de la lucha antidroga: "Estamos ganando la guerra contra el narcoterrorismo". En ese marco, destacó la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, a quien identificó como uno de los tres más buscados del mundo por la DEA estadounidense.
Oviedo aseguró que durante el primer año de gestión fueron aprehendidos más de 20 integrantes de organizaciones criminales internacionales, entre ellas el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho de Brasil, además de estructuras del narcotráfico de Uruguay, Colombia y Perú. "Nuestra patria nunca más será refugio de estos delincuentes", manifestó.
En cuanto a los resultados operativos, informó que entre el 8 de noviembre de 2025 y el 25 de octubre de 2026 se realizaron 9.417 operativos antidroga, se secuestraron 402 toneladas de sustancias controladas, se destruyeron 39 laboratorios de cristalización y 515 fábricas de droga. También reportó el secuestro de 83 aeronaves vinculadas al narcotráfico, frente a las nueve registradas en la gestión anterior.
A esos resultados sumó la destrucción de 16 pistas clandestinas, el secuestro de 791 vehículos y la aprehensión de 2.682 personas. La afectación económica a las organizaciones del narcotráfico superaría los 132 millones de dólares, según el balance presentado por el ministro.
"Los resultados de nuestra lucha contra el narcotráfico son contundentes", afirmó.
Otro de los ejes del informe fue la investigación sobre una presunta red criminal que operaba desde la Fiscalía General del Estado. Oviedo señaló que el 30 de septiembre fueron aprehendidos el exfiscal general Roger Mariaca y el exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Ceballos, en el marco de una investigación por supuestos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
En ese caso, la Policía ejecutó 33 allanamientos y secuestró cinco inmuebles, 46 vehículos, más de cinco millones de bolivianos, 407.000 dólares y cuatro armas de fuego de grueso calibre. El ministro también mencionó entre los investigados a otros exfiscales y a un mayor de la Policía.
En materia de corrupción, Oviedo destacó la captura del expresidente Luis Arce, de su hijo Marcelo Arce Mosqueira, del exministro Edgar Montaño y del exgerente de Emapa, Franklin Flores, por investigaciones relacionadas con presuntos hechos irregulares en proyectos estatales. También mencionó acciones contra personas vinculadas a denuncias de corrupción en YPFB.
En el ámbito de la cooperación internacional, informó que Bolivia se incorporó al Escudo de las Américas y asumió la presidencia pro tempore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), integrado por 16 países. Además, destacó acuerdos de coordinación y capacitación policial con Chile y Brasil.
Oviedo también señaló que el Gobierno impulsa los planes Fronteras Seguras y Fronteras Seguras 2.0 para reforzar la seguridad en zonas limítrofes. Como resultado, mencionó la desarticulación de una presunta red de sicariato en San Ignacio de Velasco, con la aprehensión de seis ciudadanos extranjeros que, según el informe, estarían vinculados al Comando Vermelho.
"Se acabó la impunidad y la protección al delito", afirmó el ministro, quien concluyó que el Gobierno busca reconstruir la institucionalidad de la Policía Boliviana y reducir la influencia política en la carrera policial. "No nos amedrentan. No vamos a retroceder", remarcó.