Un año sin nuevo ciclo
Falta poco para el 8 de noviembre, día en el que muchos se preguntarán si Bolivia camina por un nuevo ciclo económico y político. ¿Cuál es el nuevo modelo estatal y hacia dónde nos conduce? Unos dirán que se han dado pasos significativos en eso de ordenar la casa para avanzar por una nueva ruta. Otros sostendrán que estamos a tientas, con brújula ajena. Se viene el tiempo de las evaluaciones, a propósito del primer año de gobierno de Rodrigo Paz, y lo verdaderamente importante para la inauguración de un nuevo ciclo es todavía tarea pendiente.
Salta a la vista que uno de los aspectos fundamentales en un cambio de ciclo es la necesidad de estructurar un nuevo armazón normativo, comenzando por la Constitución. En tres ocasiones, en el primer año de gestión, el presidente y algunos de los súper ministros dieron señales políticas inequívocas de que "las leyes de transformación estructural" y la modificación parcial de la Carta Magna encabezaban la lista de prioridades gubernamentales. Los anuncios no pasaron de eso en las tres ocasiones.
En diciembre de 2025, empezando su mandato, a través de un mensaje presidencial, Paz anunció una Cumbre de líderes políticos para aprobar las leyes que materializarán el cambio de ciclo en el país. El anuncio televisado del Jefe de Estado no prosperó. En marzo de este año, el día de las elecciones para gobernadores y alcaldes, en ministro de la Presidencia en ese momento volvió a abrir a la puerta para que oficialistas y opositores encaren el desafío.
"Inmediatamente después de las elecciones subnacionales, el Gobierno va a tomar contacto con los líderes políticos con representación parlamentaria para comenzar a trabajar en una serie de leyes indispensables para fortalecer la base productiva del país", dijo José Luis Lupo a los periodistas, luego de emitir su voto en la ciudad de La Paz. El anuncio mayor ocurrió en mayo, desde la capital cochabambina.
Al finalizar el denominado Encuentro Nacional, en el que participaron líderes políticos como Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa, gobernadores y alcaldes aún estrenándose y representantes de los órganos de poder, el presidente Paz anunció el 9 de mayo el envío de un paquete de 10 leyes estructurales a la Asamblea Legislativa, además de la conformación de una comisión para impulsar la reforma parcial de la Constitución Política del Estado.
Como anécdota política, en julio de 2026, el vocero gubernamental corrigió públicamente al presidente y anunció el envío de 12 leyes de carácter estructural. Suena mejor una docena que una decena. En los hechos, luego del primer informe de Paz al Legislativo, el 6 de agosto en Sucre, el Ejecutivo envió el 11 de agosto un proyecto de Ley de Inversiones. En la primera quincena de octubre, la poderosa Cainco hizo llegar el suyo a la Asamblea Legislativa.
El Gobierno vive quejándose de los bloqueos carreteros del evismo. Cuando puede, hace referencia a los 53 días de bloqueos que buscaron el derrocamiento de Paz. Pero, paradójicamente mantiene bloqueada la necesaria reforma constitucional con la extensión del estado de excepción hasta el 18 de diciembre de este año. Una medida que solo sirve para advertir mediáticamente a los sectores evistas que no se permitirán los bloqueos.
Bueno, luego se vienen la segunda vacación de senadores y diputados, las fiestas de fin de año, el Carnaval 2027 y así sucesivamente fechas y acontecimientos que ponen en modo incertidumbre al grueso de las leyes estructurales y la modificación de la Constitución que, dicho sea de paso, requiere un referéndum popular.
Hay otras asignaturas importantes que siguen en el tintero y que hacen a un nuevo ciclo económico y político. El levantamiento del subsidio a la gasolina ―aunque con subvención focalizada para el transporte―, la intervención de al menos 67 empresas públicas deficitarias, la reforma del sistema de justicia, la designación de embajadores…
En el primer año de gobierno de Paz, pese a los 53 días de bloqueos y la seguidilla de escándalos que tocaron al núcleo del poder, cayeron Sebastián Marset, Róger Mariaca y líderes del PCC y del Comando Vermelho, se produjo el alineamiento del país al Escudo de las Américas para enfrentar al narcoterrorismo, se firmó el acuerdo por 1.900 millones de dólares con el FMI que permite apalancar hasta 10.000 millones de dólares de otros organismos de financiamiento internacional, se levantó finalmente el subsidio al diésel y se está encaminando la descentralización de recursos públicos a través de un nuevo esquema de coparticipación tributaria y la aplicación de la formula del 50/50…
Sin embargo, aquello que marca la impronta de un nuevo ciclo económico y político a mediano y largo plazo, aún está por verse. Seguimos envueltos en un período de transición con altas dosis de improvisación.


Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.