El diputado Carlos Alarcón y vocero de la comisión especial de investigación para esclarecer las denuncias de presuntos actos de corrupción atribuidos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), aseveró que todos los mencionados en el informe de la comisión también deberían tener el mismo camino que el exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, quien fue aprehendido en las últimas horas.
"Todos los que están mencionados en el informe como presuntos responsables deberían ser tratados de la misma manera de las dos gestiones de gobierno y de las dos administraciones de YPFB", sostuvo Alarcón.
Medinaceli fue aprehendido en las últimas horas, en la ciudad de La Paz y llevado a oficinas de la Fiscalía Departamental por el caso de la gasolina basura.
En el informe de la comisión se detalla que, por la flexibilización político normativa, en el nivel ejecutivo del Estado, los responsables de la gasolina de mala calidad por la aprobación y emisión de los DS 5218 (2024) y DS 5313 (2025) son Luis Arce Catacora; Alejandro Gallardo; Mauricio Medinaceli y otros.
Dichas normas, según el informe, sustituyeron las garantías legales y "técnicas por requisitos altamente laxos, creando el marco jurídico favorable para la internación de carburantes sin control de calidad.
El informe también señala a otros responsables por omisión de fiscalización y otorgación indebida de permisos excepcionales a YPFB: la dirección ejecutiva de la ANH; Germán Jiménez, Joel Callau Justiniano, Margot Ayala y otros.
Ellos serían los responsables de suscribir y autorizar las resoluciones administrativas de importación urgentes RAR-ANH-DJ-UGNJ Nro 00190/2025 Nro 00192/2025 y Nro 00386/2025 a favor de YPFB, "eximiéndola indebidamente de presentar los certificados de calidad correspondientes y fallando en el control posterior.
Por la internación del producto inestable se encuentran Armin Dorgathen, Yussef Akly y otros.
Ellos, además, según el informe, cometieron los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, falsedad ideológica, daño calificado y negociaciones incompatibles.