El anuncio de un acuerdo entre el Gobierno y la dirigencia campesina del país sobre la Ley 1720 provocó una fuerte reacción de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) que, en una conferencia de prensa conjunta con el Comité pro Santa Cruz, informó del inicio de medidas de presión progresivas a partir del 14 de mayo.
En la Casa Grande del Pueblo, el presidente Rodrigo Paz y representantes del sector campesino suscribieron un acta que contempla una gestión del Gobierno ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la abrogación de la norma.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, dijo este miércoles que, tras la reunión con dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), se acordó avanzar en la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras y en la elaboración de una nueva norma construida en consenso.
Destacó que el encuentro, que se extendió por varias horas, permitió consolidar un espacio de diálogo orientado a atender las demandas del sector campesino y a evitar susceptibilidades, en el marco de una solución concertada.
"Se firmó un acuerdo entre ambas partes en ese espíritu y sí, se habló de la posibilidad de abrogación (de la Ley 1720) en el marco de poder ampliar e incluir en un debate todas las visiones y atender a las diversidades del país", señaló el Vocero Presidencial, citado por ABI.
En esa línea, remarcó que el proceso acordado contempla la construcción de una nueva propuesta normativa. "Después de conversar, pactar, acordar, de construir de manera conjunta los acuerdos que nos incluyen a todos, se abrogará (la Ley 1720) y se pondrá el nuevo proyecto donde todos estemos más satisfechos y entendamos que de verdad tenemos lugar en esa comprensión respecto a la tierra", afirmó.
Gálvez explicó que la abrogación de la norma deberá ser tratada por la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante una nueva iniciativa legal, que posteriormente será remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
LA RESPUESTA DE LA CAO
El presidente de la CAO, Klaus Frerking, leyó anoche un comunicado en el que esa institución expresa su "rechazo categórico e indignado" por dos acciones del Gobierno que, en su criterio, constituyen un retroceso histórico: el anuncio de la abrogación de la referida ley 1720 y el Decreto Supremo 5613.
Alertó que el 90% de los pequeños productores titulados del país no pueden acceder a un financiamiento y que ahora el Gobierno que promovió la norma y también la firmó, "la abandonó".
"Estas medidas (del Gobierno) no son errores técnicos, son decisiones políticas que tienen un costo humano concreto: miles de pequeños productores que hoy no acceden al crédito formal seguirán excluidos del sistema financiero no por falta de activos, sino por una normativa que el propio Gobierno defiende a espaldas de sus necesidades", enfatizó antes de anunciar que el 14 de mayo, con una reunión en Montero, iniciarán "medidas de presión progresivas".
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, ve un gobierno con "miedo" que retrocede ante la presión y desfavorece a los sectores productivos.
Una marcha de indígenas y campesinos arribó en pasados días a La Paz con un pliego petitorio que, entre otras demandas, estaba la de la abrogación de la Ley 1720. Esta norma, según varios sectores que la rechazaron desde un inicio, habilita la conversión de pequeñas propiedades en medianas en un plazo de diez días hábiles, mediante declaración jurada y sin consulta a las comunidades ni intervención judicial.
Branko Marinkovic Senador por Libre, expreso su preocupación "Como senador cruceño, estoy en contra de que se abrogue. Estoy dispuesto a hacer la modificación en la ley, pero de ninguna manera voy a aceptar que se abrogue. Abrogar una ley para hacer una nueva normativa significa mucho tiempo, en un país que necesita que la economía se reactive".