El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que su gestión quedaría marcada negativamente si no logra ejecutar la orden de aprehensión vigente contra el expresidente Evo Morales, investigado por el delito de trata y tráfico de personas con agravante.
"Sí, para qué voy a decir que no, marcará un fracaso", sostuvo la autoridad en una entrevista televisiva, al referirse a la orden judicial pendiente contra el exmandatario.
Oviedo aseguró que el Gobierno insistirá en el cumplimiento del mandato judicial, aunque reconoció que la situación implica riesgos. "Vamos a hacer todo lo posible", afirmó, advirtiendo que el procedimiento "no es fácil porque puede generar un enfrentamiento y finalmente sean los inocentes los que paguen cobardías ajenas".
En esa línea, reiteró que el proceso debe seguir su curso conforme a la ley. "Ya llegará, ya lo haremos. Todo a su tiempo, a su momento este señor tendrá que presentarse a la justicia", enfatizó.
Morales enfrenta una orden de aprehensión en el marco de una investigación por presuntamente haber mantenido una relación con una menor de edad, que habría resultado en un embarazo años atrás. La Fiscalía concluyó la etapa investigativa y se prevé que en los próximos días se defina la fecha del juicio oral. Además, se advirtió que el exmandatario podría ser declarado en rebeldía si no comparece ante la justicia.
El ministro también cuestionó que Morales permanezca en el Trópico de Cochabamba, resguardado por sectores afines, lo que —según afirmó— dificulta la ejecución del mandamiento judicial.
Por su parte, el exjefe de Estado rechazó las acusaciones y aseguró que es víctima de persecución. "No soy prófugo ni impune. Soy víctima de una brutal persecución política", manifestó a través de sus redes sociales, donde responsabilizó al gobierno del presidente Luis Arce y vinculó el origen del proceso a decisiones asumidas desde la gestión de Jeanine Áñez.
Morales también cuestionó la legalidad de la orden de aprehensión y afirmó que el caso responde a intereses políticos, negando la existencia del delito y denunciando supuestas irregularidades en el proceso judicial.