El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, convocó a sesión plenaria de la ALP para este viernes 27 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, con el objetivo de interpelar al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.
La convocatoria solo contempla dos puntos de la orden del día. La primera referida a la "correspondencia" y la segunda la interpelación al Ministro de Hidrocarburos respecto al "sobreprecio en la adquisición de crudo por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos".
Empero, la convocatoria, que fue publicada por la Vicepresidencia, luego fue borrada de las redes sociales. El texto contenía un error de año en su texto (2025 en lugar de 2026).
Ya la tarde de este miércoles, Lara señaló que para posibilitar la interpelación, en la sesión, necesitará el apoyo de 2/3 de los legisladores, tanto disputados como senadores.
"Sepan algo, hay procedimientos, la interpelación es el viernes, el Ministro va acudir pero para que pueda responder necesita la aprobación de 2/3 de la Asamblea Legislativa. ¿Quiénes la componen?, mi persona, diputados y senadores, tiene que haber 2/3 para que el caballerito ese empiece a responder", recalcó.
Señaló, en esa línea, que en la sesión, que se transmitirá en vivo por las redes sociales, la población podrá saber qué diputados y senadores aprueban la interpelación y quienes prefieren "tapar la corrupción".
No obstante, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, instó a Lara a suspender la interpelación debido a que no tendrá ningún efecto y hasta podría darse en contra de la Ley, dado que ese tipo de acciones fue suspendido por decisión de una Sala Constitucional.
"Hemos pedido al vicepresidente con una nota el lunes que antes de cualquier acto de interpelación que no termina en nada avancemos rápidamente en una ley de interpelación que efectivamente genere efectos. (…) Deberíamos evitar un acto ocioso", señaló.
Precisamente la misiva enviada a Lara por el Presidente del Senado recuerda que aún está vigente un fallo constitucional que suspende las interpelaciones a autoridades del Ejecutivo en el pleno de la ALP, cuyo cumplimiento es debidamente "vinculante y obligatorio".
"El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante SCP 0020/2023 del 5 de abril de 2023, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 3, numeral III, y 4 de la Ley 1350, que regula los efectos de la censura determinada por la Asamblea Legislativa", indica el documento.
Además, señala que esto "implica la obligación del Órgano Legislativo de emitir una norma, en este caso una ley, que desarrolle la atribución de la Asamblea Legislativa de interpelar y censurar a los titulares de ministerios de Estado".
Ávila también recuerda que existió un "compromiso" en diciembre de 2025 para elaborar una norma que viabilice nuevamente las interpelaciones en la ALP.
"Corresponde que, antes de que una interpelación sea convocada, la Asamblea, aplicando el procedimiento, apruebe una ley que desarrolle legislativamente la previsión del numeral 18 del artículo 158 de la Constitución, modifique la mutilada Ley 1350 o desarrolle una norma más amplia y completa", explica el documento.
En base a estos argumentos, "se le insta a suspender las sesiones de interpelación que ha convocado, las cuales ponen a todos los asambleístas y a su autoridad en riesgo de cometer acciones tipificadas contra la ley".
La resolución que suspende las interpelaciones fue emitida el 2023 como medida cautelar por el entonces vocal de la Sala Constitucional Primera de La Paz, Israel Campero, y desde entonces mantiene paralizado uno de los principales mecanismos de control político del Legislativo.