La institución anunció que se constituirá en parte querellante y garantizará la entrega total de información, documentación y cooperación técnica, con el objetivo de que los responsables enfrenten a la justicia
En el marco de la investigación sobre el ingreso irregular de 32 maletas por el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, la Aduana Nacional dispuso la suspensión de los funcionarios presuntamente implicados, aunque no precisó el número de servidores apartados.
La decisión fue asumida por el presidente de la entidad fiscalizadora, Alberto Soto de la Vía, quien aseguró que no se tolerarán actos irregulares dentro de la institución. Por este caso, actualmente son investigados un juez y una exlegisladora.
"No vamos a encubrir ningún acto de corrupción, sea quien sea. No estamos frente a simples errores administrativos, sino ante conductas criminales que deben ser sancionadas con todo el peso de la ley", afirmó Soto de la Vía, según un boletín institucional.
Asimismo, anunció que la Aduana Nacional se constituirá en parte querellante y garantizará la entrega total de información, documentación y cooperación técnica, con el objetivo de que los responsables enfrenten a la justicia.
El comunicado detalla que se determinó la suspensión inmediata de los servidores públicos que cumplen funciones en el aeropuerto de Viru Viru, medida que busca facilitar la transparencia de la investigación y evitar cualquier tipo de interferencia en el proceso.
El escándalo estalló tras un allanamiento a un galpón, inicialmente por un caso de presunto tráfico de armas; sin embargo, durante el operativo se halló droga, lo que dio lugar a una segunda investigación por tráfico de sustancias controladas.
De acuerdo con las pesquisas, se presume que la droga encontrada estaría vinculada al caso de las maletas que habrían ingresado irregularmente por Viru Viru el mismo día del arribo de la exdiputada Laura Rojas.
En este contexto, el juez Hebert Zeballos fue aprehendido el viernes y será presentado ante un juez cautelar en las próximas horas para que se defina su situación jurídica. El sindicado negó cualquier relación con el caso, aunque la Fiscalía sostiene que el galpón donde se encontró la droga es de su propiedad.