Ayer, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció la decisión de levantar la subvención de los hidrocarburos e incrementar el Salario Mínimo Nacional a 3.300 bolivianos.
A través de dos diferentes comunicados, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara Nacional de Industrias (CBI) reconocieron la necesidad de las medidas implementadas por el Gobierno, entre ellas levantar la subvención a los hidrocarburos, pero expresaron su inquietud respecto al incremento del Salario Mínimo Nacional a 3.300 bolivianos.
Por un lado, la CEPB expresó su apoyo a "la decisión de aplicar medidas de ordenamiento estructural para evitar un agravamiento de la crisis que, en poco tiempo más, habría llevado a nuestro país a un colapso económico inmanejable."
"El levantamiento de la subvención a los combustibles permite disminuir el insostenible déficit fiscal, equilibrar las finanzas públicas y enfrentar el creciente contrabando. La decisión de aplicar un incremento homogéneo e inmediato en los precios va a tener efectos complejos sobre la economía de todos, sin embargo, es una medida necesaria y urgente que el país debe asumir", señaló.
Asimismo, señaló que valora "las disposiciones contenidas en el DS 5503 sobre otros temas de interés nacional para la recuperación y reactivación económica".
"Estas disposiciones, junto a otras medidas normativas y administrativas que debieran tomarse a la brevedad posible, constituyen una base importante para liberar las barreras que afectan a los sectores empresariales y generar resultados importantes en el mediano plazo", señaló.
No obstante, expresó su preocupación por la "determinación unilateral" de incrementar el salario mínimo nacional.
"Este incremento tendrá efectos severos sobre la estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como sobre la generación y sostenibilidad del empleo formal", advierte.
Finalmente, los empresarios pidieron a la sociedad "actuar con cautela, responsabilidad y comprensión para evitar la profundización de la crisis, que sería inevitable si no se asumen acciones estructurales".
"Las consecuencias de la crisis no pueden ser asumidas solo por los ciudadanos. El sector político y los servidores públicos deben dar muestras claras no solo de capacidad y decisión, sino también de austeridad, prudencia y responsabilidad", añadió.
Por su parte, los Industriales reconocieron que las medidas "responden a la necesidad de evitar una crisis económica mayor" y expresó su disposición a coadyuvar "con decisiones responsables que contribuyen a la recuperación económica, la producción nacional y la defensa del empleo formal".
Además, pidió encarar un diálogo para evitar el aumento del desempleo y la informalidad y también de la aplicación del incremento del salario mínimo nacional, considerando la realidad de las grandes, medianas y pequeñas empresas.