En una prolongada audiencia virtual, el juez Hugo Huacani, parte de la Justicia Departamental de La Paz, determinó la detención domiciliaria de Rubén Ríos, dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), investigado por la presunta venta irregular de harina a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos y por el alquiler de sus almacenes a la empresa estatal.
"En relación al coimputado Rubén Ríos Miranda, se impone cuatro medidas: uno, la detención domiciliaria; dos, el arraigo del coimputado; tres, la presentación de la fianza económica de bolivianos 60.000; cuatro, la presentación al Ministerio Público a efectos del registro biométrico dos veces al mes", dijo el Juez Huacani.
Ríos se encuentra imputado por los delitos de contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Además, se dispuso el pago de una fianza de Bs 60.000, arraigo certificado ante Migración y la obligación de presentarse ante la Fiscalía dos veces al mes para su registro biométrico.
Según los antecedentes, Ríos suscribió un contrato administrativo de prestación de servicios de arrendamiento de su almacén por Bs 19.200 aproximadamente de manera mensual y que en diez meses recibido Bs 192.000.
Enrique Ríos, hijo del dirigente, deberá pagar una fianza de Bs 30.000. Tanto él como su padre fueron aprehendidos el lunes 1 de diciembre.
El hijo de Ríos, Enrique Ríos, aprehendido junto a su padre el lunes 1 de diciembre, deberá pagar una fianza de Bs 30.000.
Según el abogado denunciante, Eduardo León, se determinó que existe "un daño económico de Bs 6 millones por la venta y reventa de más de 22.000 quintales de harina, además de un perjuicio de Bs 150.000 por almacenamiento y más de Bs 300.000 por transporte", según lo establecido por la Fiscalía y constatado por el juez durante casi cinco horas de revisión de documentos.
León rechazó la determinación y la calificó como un atentado contra el pueblo, al señalar que el daño económico en solo un caso asciende a 6 millones de bolivianos.
"Es una resolución prevaricadora, criminal y que atenta contra el hambre del pueblo boliviano; el daño económico que oficialmente han cometido el señor Flores y el señor Rubén Ríos asciende a 6 millones de bolivianos. Solo por los quintales de harina, el almacenaje supera los 150.000 bolivianos y por el transporte supera la suma de 300.000 bolivianos", afirmó el abogado de la parte denunciante, Eduardo León.
Este jueves se llevará a cabo otra audiencia cautelar de Ríos por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas en el Juzgado Quinto de Instrucción Cautelar.