¿Libertad de expresión o derecho a la comunicación? Un debate teórico pero también político en medio de un escenario dominado por los algoritmos y la inmediatez. El derecho a la comunicación como derecho humano y la responsabilidad del Estado para garantizarlo a través de políticas públicas.
En una obra reciente titulada "Intersticios, enredos, intersecciones y disrupciones" (2024, Quito, CIESPAL), el comunicólogo boliviano y actual embajador de su país en Uruguay, Adalid Contreras Baspineiro, vuelve a posicionarse en un debate profusamente extendido entre los teóricos de la comunicación del Sur del mundo: ¿qué entendemos por comunicación? La discusión se vuelve más relevante todavía en tiempos como el que atravesamos empapados del pragmatismo instrumental y funcionalista que inunda a gran parte de los profesionales del campo que danzan entre algoritmos -que operan y gobiernan más allá de las supuestas o reales habilidades de quienes pretenden dominarlos- y la constante presión de la inmediatez de los mensajes para modelar conciencias e impactar en las conductas de las personas con propósitos económicos, sociales o políticos.
En su obra -cada vez más importante como contribución al pensamiento latinoamericano en la materia- Contreras Baspineiro afirma que la perspectiva de la comunicación vista desde el Sur se apoya en la tríada relación, diálogo y participación. Y sostiene que "la comunicación es el atributo del intercambio poniendo en común sentimientos, conocimientos, valores y prácticas para construir el sentido de la vida". A partir de ello agrega que la comunicación "se hace en los procesos que se dinamizan en espacios donde se expresan diversidades culturales, identidades diferentes y subjetividades que se construyen y constituyen significaciones".
En el mismo trabajo el autor boliviano afirma que "la noción de comunidad como un todo de convivencia es esencial en la definición de la comunicación, porque es el lugar donde se encuentran las individualidades consigo mismas y con su entorno social, se nutren las construcciones discursivas, se construyen las prácticas sociales y se decide el sentido de los cambios, que no operan solamente en las condiciones de vida, sino también en la trama de relaciones comunitarias caracterizadas por la colaboración, la solidaridad, la cooperación y la expresión de la palabra". Desde esta mirada hacer comunicación es también y primordialmente, un acto de esperanza.
El rescate de esta perspectiva respecto de la comunicación resulta sumamente relevante en tiempos como el presente en el que hemos dejado en manos de los algoritmos todo aquello que resulta "inexplicable" otorgándole al algoritmo "poderes y motivaciones que simplemente no tienen" porque "detrás de cada algoritmo hay programadores, decisiones, objetivos comerciales" como bien lo señala Joan Cwaik (El algoritmo, 2024, Buenos Aires, Planeta, p. 25). Y porque, como lo afirma el mismo autor, el fenómeno de las plataformas y las redes genera un "espejismo" de personalización que no es tal, porque "nos hace ver solo una pequeñísima parte de la realidad, lo que el algoritmo 'cree' que queremos ver". Y hasta más allá: "se filtra en nuestro sentido de identidad, empujándonos a creer que solo somos un conjunto limitado de preferencias visibles". Es decir, subraya Cwaik, "como si nos redujera a una caricatura".
Por todo lo anterior restringir la cuestión comunicacional apenas a la idea de la libertad de expresión, a la posibilidad individual -así sea profesional- de manifestarse sin restricciones, es también apenas una "caricatura" de lo que se entiende por el derecho a la comunicación. Porque -como bien lo afirma Contreras Baspineiro en el trabajo anteriormente citado- "el derecho a la comunicación establece un proceso de transición con enriquecimientos permanentes en el camino que vincula la libertad de los individuos a expresarse, con el derecho de los pueblos a comunicarse, democratizando para ello el acceso, la producción, la circulación y la resignificación discursiva de la vida cotidiana y desde la praxis ciudadana".
Así entendido, el derecho a la comunicación incluye pero no se agota en la libertad de expresión: es un derecho ciudadano, un derecho humano esencial a la convivencia democrática en la diversidad y habilitante del conjunto de los derechos y que, por esa razón, tiene que ser garantizado por el Estado con políticas públicas pertinentes.