El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romero Saucedo, afirmó este lunes que se solidariza con las víctimas de las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, así como todas las víctimas en general"; sin embargo, aseveró que los procesos fueron "mal llevados" y su institución no puede ser cómplice de ello.
"Nuestra solidaridad con las víctimas de Sacaba y Senkata y todas las víctimas en general, (pero) cuando las cosas se hacen mal hay que corregirlas y lastimosamente los procesos fueron mal llevados", aseveró en contacto con la prensa.
Semanas atrás, el TSJ emitió un instructivo en el que ordenaba a todos los tribunales del país a verificar los plazos procesales de las detenciones preventivas de la expresidenta Jeanine Añez, del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y el exlíder cívico potosino, Marco Pumari.
A raíz del instructivo, Añez logró que tribunales anularan los obrados de sus procesos ordinarios por los casos de Senkata y Sacaba y señalaran que la expresidenta – considerada 'de facto' por el actual Gobierno- debe ser procesada a través de un juicio de responsabilidades.
Fruto de las decisiones de los tribunales, jefes militares y policiales lograron beneficiarse con las resoluciones y salir de las cárceles donde cumplían detenciones preventivas, hecho que fue cuestionado por las víctimas de las 'masacres', por el Gobierno y hasta organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU Derechos Humanos en América del Sur (ONU Derechos Humanos).
Al respecto, Saucedo aseveró que el TSJ no puede ser "cómplice" de "procesos que no se enmarcaron en derecho".
"Queremos que haya justicia, que se esclarezcan los hechos. Hay que hacer las cosas bien y vamos a estar para controlar que se hagan las cosas bien", afirmó.
El Presidente del TSJ, asimismo, aseveró que las detenciones preventivas no son la solución de los distintos casos y, en realidad, esa figura fue usada para "vender ilusiones".
La posición de Saucedo se da pocos días después de que la CIDH y la ONU Derechos Humanos dieran a conocer un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación debido a recientes fallos judiciales referidos a las mascares de Sacaba y Senkata que, advierten, "puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos".
Ambos organismos internacionales expresaron su preocupación respecto a las recientes decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares "sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las masacres de Senkata y Sacaba en 2019".
La CIDH y la ONU DDHH, en ese sentido, también alertaron que los jueces a cargo de los procesos judiciales por los casos de Senkata y Sacaba, respectivamente, ordenaron la anulación de los expedientes judiciales por incompetencia en materia y dicha decisión también generó el rechazo de instituciones como la Defensoría del Pueblo debido al "riesgo de que estas decisiones generen impunidad y vulneren el derecho de las víctimas al acceso a la justicia de manera pronta y oportuna".
Asimismo, los organismos alertaron que las recientes decisiones judiciales se constituyen en un "serio obstáculo" para implementar las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), y otras instituciones, para la búsqueda de "verdad, memoria y justicia" sobre los hechos del 2019.
"Estas decisiones judiciales evidencian un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Ello incluye las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), que han sido acompañadas por la CIDH a través de la Mesa de Seguimiento a las recomendaciones de dicho Informe (MESEG – Bolivia), así como las contenidas en el informe que elaboró una misión de ONU Derechos Humanos.", señala el documento.
En ese sentido, los organismos recuerdan que el informe del GIEI recopiló información sobre diversas violaciones de derechos humanos e incluyó en su informe final las investigaciones referidas a las masacres de Senkata y Sacaba. El informe reportó al menos 20 personas fallecidas y numerosas heridas como resultado del uso excesivo de la fuerza en operativos conjuntos de policías y militares.
El GIEI concluyó en su informe final que es "fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz". También señaló que "debe existir una voluntad real del Estado de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que el sistema de administración de justicia pueda realizar sus labores en conformidad con los estándares de independencia, credibilidad, transparencia y objetividad".
Asimismo, hacen notar que el informe de ONU Derechos Humanos de 2020 identificó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial y militar, incluso con municiones letales, en contravención de los estándares internacionales, subrayando la necesidad de investigaciones prontas, independientes e imparciales que aseguren verdad, justicia y reparación.
Además, ambas instituciones recomendaron "garantizar la realización de investigaciones prontas, independientes, imparciales, exhaustivas, transparentes y efectivas (…) y proveer una reparación integral a todas las víctimas y sus familiares".
"La CIDH y ONU Derechos Humanos instan a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de dichas anulaciones judiciales en los compromisos internacionales de derechos humanos y a que se eviten demoras procesales que favorezcan la impunidad de estas masacres, así como a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación", concluye el pronunciamiento.