La Procuraduría General del Estado garantizó este viernes que seguirá coadyuvando en las acciones legales para la reparación integral por las masacres de Senkata y Sacaba, y evitar la impunidad, ante la advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DDHH).
"La Procuraduría seguirá coadyuvando en las acciones legales que correspondan, en el marco de la Constitución Política del Estado y los tratados suscritos por Bolivia, a fin de garantizar verdad, justicia y reparación integral, en concordancia con las recomendaciones de la CIDH y ONU Derechos Humanos", afirmó la Procuraduría en un comunicado.
Ambas entidades internacionales expresaron preocupación ante las decisiones de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y del Tribunal Primero de Sentencia de Sacaba que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares, sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las masacres de Senkata y Sacaba, en 2019, que, según informes, dejaron más de una veintena de personas fallecidas por impactos de bala.
Una vez anulados los procesos penales, ambos tribunales ordenaron un juicio de responsabilidades para la expresidenta Jeanine Áñez, además de su liberación, sin embargo, la también exsenadora no puede dejar la cárcel por una sentencia de 10 años que enfrenta por su irregular asunción a la presidencia, en noviembre de 2019.
Ni bien se conoció la instrucción judicial de llevar los casos Senkata y Sacaba a juicio de responsabilidades, los militares y policías procesados por estos hechos fueron puestos en libertad.
Frente a ese escenario, la CIDH y ONU Derechos Humanos advirtieron que la anulación de los procesos podría "representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos".
Por su parte, la Procuraduría recordó también que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia) concluyó que es "fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz".
También señaló que "debe existir una voluntad real del Estado de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que el sistema de administración de justicia pueda realizar sus labores en conformidad con los estándares de independencia, credibilidad, transparencia y objetividad".