La Defensoría del Pueblo expresó este miércoles su preocupación por los recientes fallos judiciales referidos a las llamadas 'masacres' de Sacaba y Senkata e informó que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para alertar un riesgo de impunidad de los hechos de noviembre del 2019.
"La Defensoría del Pueblo expresa su extrema preocupación por las recientes determinaciones de la justicia boliviana en relación a las víctimas del caso Senkata, que refieren la anulación de obrados hasta fs. 2 de los antecedentes; considerando que la causa penal inició el 19 de noviembre de 2019, a la fecha, habrían transcurrido más de cinco años desde el inicio de la investigación penal" (sic), señala el pronunciamiento de la Defensoría.
La postura surge después de que la justicia dictaminara la libertad de Jeanine Añez y dispusiera que la expresidenta debe ser juzgada a través de un juicio de responsabilidades por el caso Senkata. Asimismo, el viernes tendrá audiencia por el 'caso Sacaba' y espera conseguir un fallo similar.
Las audiencias judiciales se produjeron días después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyera la revisión de cumplimiento de plazos de las detenciones preventivas de Añez, el gobernador electo de Santa Cruz, Fernando Camacho; y el exlíder cívico potosino, Marco Pumari.
En ese sentido, la Defensoría señaló que infirmó a la CIDH sobre los mencionados procesos y advirtió el riesgo de que haya impunidad por esos hechos.
"(…) Se informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación actual de dichos procesos, manifestando su alta preocupación por el riesgo de que estas decisiones generen espacios de impunidad y vulneren los derechos de las víctimas a acceder a la justicia de manera pronta y efectiva", señaló la Defensoría.
Asimismo, la institución defensorial solicitó al Fiscal General del Estado (Roger Mariaca), al Tribunal Supremo de Justicia, a la Procuraduría General del Estado, al Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima que "informen sobre las acciones realizadas, según sus competencias, para garantizar mecanismos y medidas de protección adoptadas con otras instancias del Estado para mantener bajo reserva la identidad, individualización o localización de las personas denunciantes, víctimas y testigos dentro del proceso de Senkata, conforme la Ley N° 458".
Además, también pidió información respecto a las gestiones que realizan para que el Estado cumpla con las recomendaciones del GIEI Bolivia", entre ellas el investigar los hechos del 2019 de "manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso de los derechos de las víctimas y su derecho a la tutela judicial efectiva y de las personas imputadas y procesadas".
"La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de acompañar y vigilar el respeto a los derechos humanos de las víctimas y de los procesados, así como de exigir al Estado que adopte medidas que garanticen que el juicio de responsabilidades no se convierta en un mecanismo para diferir indefinidamente el acceso a la justicia y el esclarecimiento de los hechos", concluye el pronunciamiento de la Defensoría.