El exministro de Justicia, César Siles, fue beneficiado con la detención domiciliaria sin derecho a salida laboral, en una audiencia de apelación a la orden de detención preventiva por el caso denominado consorcio, relacionado a la manipulación para la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justica Fanny Coaquira.
Alberto Morales, abogado del exministro, informó de la decisión judicial fue tomada en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
"En relación a la cesación de la detención preventiva del doctor Cesar Siles, la Sala Penal Tercera decidió (el viernes) en audiencia de apelación de medida cautelar. Ha dispuesto la aplicación de detención domiciliaria sin derecho al trabajo y sin escolta", informó en la red RTP.
Además, Siles debe pagar una fianza de Bs 50 mil, cumplir con el arraigo (no salir del país) y presentarse cada 15 días a la Fiscalía.
"Estas medidas se van a cumplir en el transcurso de la siguiente semana, una vez se haya cumplido con el arraigo y la fianza impuestas por la justicia penal", explicó.
Siles es denunciado por el delito de consorcio y tráfico de influencias, como consecuencia de un audio en el que se le atribuye hablar de un proceso judicial para forzar la destitución de la magistrada Coaquira.
La exautoridad fue aprehendida el 21 de junio y un juez anticorrupción dictó cinco meses de detención preventiva en el penal de Patacamaya. Tras la audiencia sufrió una descompensación y posteriormente otros problemas que derivaron en su internación hospitalaria hasta el momento.
Dos investigados con orden de detención preventiva son el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza (seis meses), y el exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (cuatro meses), Claudia Castro-
Otros dos imputados -el magistrado suplente Iván Campero y el abogado José Ramiro Uriarte- fueron beneficiados con detención domiciliaria, una medida que fue apelada por el Ministerio Público, entre otros involucrados.
Caso consorcio
La investigación del caso surgió a raíz de la decisión del juez de Coroico Marcelo Lea Plaza , quien, tras una acción de cumplimiento, trató de destituir a la magistrada del TSJ por La Paz, Fanny Coaquira Rodríguez, y en su lugar habilitar como magistrado a Iván Ramiro Campero Villalba, quien no logró los votos suficientes en las elecciones judiciales para ser magistrado electo titular.
El Presidente del TSJ, Romer Saucedo, en ese sentido, detalló el accionar del presunto consorcio para dar el "golpe" al Órgano Judicial.
Relató que en enero, el exministro César Siles impuso que Yván Córdova sea el Presidente del Tribunal Departamental (TED) de Justicia de La Paz. "Asumiendo la presidencia, empieza a gestarse un juego de intereses para poder asumir el ex vocal y decano Iván Campero, quien es magistrado suplente de la doctora Coaquira", relató.
En ese sentido, el Presidente del TSJ señaló que Córdova delegó a Claudia Castro como vocal de la Sala Penal y fue ella la encargada de coordinar la acción de cumplimiento con la que el juez Lea Plaza destituiría a la magistrada Coaquira, acción por la que fue aprehendido y detenido preventivamente.
"Todo esto protegido por el exministro (Siles). A título personal planifica este ataque al Órgano Judicial", relató Saucedo.
Incluso, señaló que se están ejecutando accionares similares en busca de destituir a magistrados y tribunos del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental y así "dar un golpe a la democracia y la institucionalidad".
En conferencia de prensa, el Presidente del TSJ recalcó que el accionar de Siles fue a "título personal" y no así del Gobierno boliviano.