El Gobierno boliviano, a través del viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, confirmó que se "van a iniciar las gestiones consulares correspondientes" para cumplir con la orden de extradición de Maximiliano Dávila y, en ese sentido, señaló que se espera que Estados Unidos mande un avión para cumplir la orden contra el ex jefe antidrogas de Evo Morales, acusado por delitos relacionados al narcotráfico.
"Se van a iniciar las gestiones consulares correspondientes para que también, no solo se dé cumplimiento de manera oportuna a esta resolución (judicial), sino también, en coordinación con la embajada americana, para que, en el marco de las posibilidades, puedan ver de enviar un avión y éste pueda trasladar a Maximiliano Dávila a ese país", dijo Ríos.
Ayer se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió autorizar la extradición a Estados Unidos de Maximiliano Dávila, quien fuera el jefe antidroga del Gobierno de Evo Morales y es acusado por delitos vinculados al narcotráfico.
Ríos, en ese sentido, afirmó que se está a la espera de que el TSJ notifique su resolución tanto al Ministerio de Gobierno, como a la Fiscalía y a la autoridad jurisdiccional.
"Estamos a la espera de la (notificación), así como también tiene que haber notificación (…) hacia el Ministerio Público y ante el juzgado cautelar", apuntó Ríos, a tiempo de señalar que no se puede hablar de plazos para concretar la extradición.
Dávila fue director de FELCN específicamente entre 2018 y 2019. Tras la renuncia de Morales en noviembre de 2019, Dávila dejó el cargo, aunque se mantuvo vinculado a la Policía hasta 2021.
El 22 de enero de 2022, Dávila fue aprehendido en Villazón, Potosí, cuando intentaba pasar la frontera con dirección hacia Argentina.
El exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) es denunciado por colaborar con una organización que refinaba en Bolivia cocaína producida en países vecinos, para luego exportarla a destinos como Estados Unidos, según una investigación oficial.
Fue enviado en febrero de 2022 al penal de San Pedro con seis meses de detención preventiva por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.
A través de un auto supremo, el 14 de agosto de este año, el TSJ ordenó su detención preventiva con fines de extradición.