Cuando se presumía que todo avanzaba con llamativa normalidad, el proceso de calificación de méritos de los postulantes a las elecciones judiciales fue frenado por recursos judiciales que, otra vez, dejaron en vilo los comicios debido a los plazos.
Promulgada el 6 de febrero por el presidente Luis Arce, luego de más de más de un año de incertidumbres, la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, estableció 80 días para el trabajo de la Asamblea Legislativa de preselección de postulantes, luego candidatos, para los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental (TA) y Constitucional Plurinacional (TCP), y el Consejo de la Magistratura.
Ante el freno que impuso al proceso la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ante un amparo presentado por la postulante inhabilitada Margarita Medrano, la evaluación de méritos de 405 postulantes quedó en suspenso sin fecha, hoy mismo a 10 días del límite legal.
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Elecciones judiciales
El proceso había comenzado el 16 de febrero con la aprobación de la convocatoria y siguió el 19 de ese mismo mes con el inicio del registro de postulantes.
El trabajo de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural había avanzado hasta la calificación de méritos, cuando el martes 16 de abril la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz notificó su suspensión ante al amparo constitucional presentado Margarita Medrano, una de las postulantes al Consejo de la Magistratura inhabilitadas.
Al instalarse la audiencia de resolución del caso el lunes 22, fue pospuesta hasta este viernes.
Los plazos corren sin ninguna decisión de la Asamblea Legislativa. El martes, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame dijo a La Razón Radio que, si bien "se ha perdido" una semana en la calificación de méritos, no hay riesgo de paralización de las elecciones judiciales.
Sin embargo, advirtió de la existencia de una "mano negra" en el TPC que busca frenar los comicios judiciales suspendidos.
Entre el y 15 de abril las comisiones debían tomar examen a los postulantes. Esta fase del proceso de preselección quedó en pausa.
Dato
Se prevé que el plazo de 80 días calendario termine el 10 de mayo con la emisión de la resolución de la Asamblea Legislativa, aprobada por dos tercios de votos, de la lista de 192 candidatos. En dos días más, esa lista debería ser enviada al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, a su vez, tendría que convocar y organizar las elecciones en un plazo de 150 días.
La situación actual de los comicios es parecida a la ocurrida en 2023, cuando el 12 de abril la Asamblea Legislativa informó de la suspensión del mismo proceso en sujeción al mandato de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, a instancias del ciudadano Miguel Ángel Balcázar.
Otro amparo constitucional, presentado por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, derivó, el 31 de julio del año pasado, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0060/2023 del TCP, que dejó en fojas cero los comicios.
Luego, una consulta sobre la viabilidad de una ley de excepción postergó las elecciones. El 12 de diciembre, a través de la Declaración 0049/2023, el TCP exhortó a una nueva convocatoria y prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017.