El Gobierno aguarda que en enero de 2024 se inicie el juicio ordinario contra Añez por la 'masacre de Senkata'


El Ministro de Justicia aseguró que el caso radica en el Tribunal Primero de la ciudad de El Alto, mismo que tiene que los "actos preparatorios para iniciar el juicio en las primeras semanas del próximo año".
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este lunes que se espera que a inicios de 2024 dé inicio el juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Añez por la llamada 'Masacre de Senkata'.
Lima aseguró que el caso radica en el Tribunal Primero de la ciudad de El Alto, mismo que tiene que los "actos preparatorios para iniciar el juicio en las primeras semanas del próximo año".
La autoridad, en ese sentido, lamentó que el proceso haya sufrido retrasos judiciales. Y es que el 30 de octubre el Tribunal de Sentencia Cuarto de la ciudad de El Alto se declaró incompetente para juzgar a Jeanine Añez, al considerar que fue reconocida como presidenta del Estado por todos los órganos del Estado y le correspondería un juicio de responsabilidades.
Tras la decisión, el Gobierno y la Fiscalía presentaron apelaciones y el 25 de noviembre la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz revocó y anuló la resolución del Tribunal Cuarto de Sentencia de la ciudad de El Alto, por lo que se dio vía libre para procesar a Añez por la vía ordinaria.
El Ministerio Público presentó, el 23 de octubre, la acusación formal por las masacres en 2019 (Senkata y Sacaba) y pidió 30 años de cárcel para Áñez y otras personas implicadas en el delito de genocidio.
En el caso de Sacaba, un tribunal también se declaró incompetente para juzgar a Añez y consideró que debe someterse a un juicio de responsabilidades
Esa resolución también se encuentra en la etapa de apelaciones. "Esta en consideración del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba revertir y volver al cauce de normalidad el juicio por la masacres de Sacaba", afirmó al respecto el Ministro de Justicia.
Añez, cabe recordar, fue condenada en 2022 a 10 años de cárcel por el caso 'Golpe de Estado II', debido a los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. La acusación consiste en que la exmandataria habría asumido irregularmente la presidencia en 2019.