El diputado de la alianza Creemos Erwin Bazán, cuestionó a Vicente Cuéllar, rector de la universidad Gabriel René Moreno, porque estaría capitalizando la imputación fiscal a los líderes del paro de los 36 días por el Censo para beneficio de su candidatura política.
"Resulta que ahora ya no le interesa el Censo. Estoy muy molesto con el rector, cómo puede ser que le interese más su candidatura que el sacrificio del pueblo cruceño que paró 36 días para conseguir el censo nacional", dijo Bazán.
Este jueves, Cuéllar hizo conocer la imputación del Ministerio Público de La Paz contra Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, Reinerio Vargas, José Luis Santistevan y conta él por el paro de los 36 días en 2022 que demandó la realización del Censo de Población y Vivienda este año. La encuesta nacional se realizará el 23 de marzo de 2024.
Bazán fustigó a Cuéllar al señalar que muestra la "indeseable cara" utilitarista de los políticos sobre un sacrificio del pueblo en favor de fines políticos personales y le recordó que el gobernador Camacho, está pagando con cárcel al ser "el verdadero opositor al gobierno del MAS".
Los supuestos delitos imputados a los líderes cruceños son terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; racismo y discriminación; asociación delictuosa; atentado a la libertad del trabajo y desórdenes o perturbaciones públicas.
La Coordinadora por la Defensa de la Democracia se reunió de emergencia este jueves y una de sus principales conclusiones solicita al Comité pro Santa Cruz a que convoque a una Asamblea de la Cruceñidad.
Este viernes, el presidente del Comité Cívico, Fernando Larach, y el primer vicepresidente Stello Cochamanidis se reunieron con parlamentarios cruceños de oposición para socializar y tratar el anteproyecto de ley denominado «Ñuflo de Chaves» que plantea la aprobación de un nuevo padrón electoral biométrico, transparente y confiable.
No hubo respuesta formal al pedido de convocatoria a la Asamblea de la Cruceñidad. La asambleísta departamental de Creemos Paola Aguirre cuestionó que no se haya convocado a una reunión de emergencia de la Coordinadora por la Defensa de la Democracia cuando Camacho fue imputado meses atrás.
Argumentó que la Asamblea de la Cruceñidad debió haberse convocado desde el principio, cuando Camacho fue detenido preventivamente, luego de su participación en el paro de los 36 días. "De esa manera se podía evitar que este proceso se siga ampliando a otras personas que han participado legítimamente de una protesta", observó Aguirre.