Tres hoteles cercanos al Salar de Uyuni, en Potosí, fueron asediados y bloqueados por pobladores de Colchani, que exigen el pago de $us 15.000 como "regalías" al año. Restringieron el ingreso y la salida de los turistas. La Cámara Nacional de Operadores de Turismo (Canotur) cuestionó estas protestas y advirtió que se pone en riesgo la inversión privada en el país.

En un video difundido en redes sociales se observa que varios vehículos fueron retenidos por pobladores en el ingreso de esta zona turística desde la mañana del jueves. Según un reporte del diario El Potosí, la demanda de los bloqueadores es que los dueños de los hoteles paguen regalías anuales de hasta $us 15.000.

En ese contexto, Canotur se pronunció al respecto y rechazó el asedio a las empresas y a los turistas con el argumento de que se pone en riesgo la inversión privada y no se respeta la seguridad jurídica de los empresarios. Exigen a las autoridades nacionales y departamentales que asuman medidas para frenar los actos violentos.

"Tomando en cuenta estos artículos de la ley que nos protege como sector es que solicitamos a las autoridades, correspondientes, to departamentales como nacionales, tomar las medidas respectivas con urgencia para frenar estos hechos que dañan a la imagen del Estado Plurinacional de Bolivia", dice la nota.

En dicha grabación audiovisual se evidencia la agresividad de los pobladores contra los transportistas que trasladaban a los turistas. Incluso amenazaron con tomar medidas radicales, entre ellas, la quema de los hoteles. Los hospedajes afectados son: Luna Salada, Cristal Camaña y Hotel Colque.
En una grabación, uno de los bloqueadores dijo que enviaron una nota a los operadores turísticos advirtiendo que iban a bloquear el ingreso de los hoteles. Sin embargo, no mostraron ningún documento que evidencie tal cosa.

En otra parte del comunicado, Canotur advirtió que estas acciones solo perjudican al turismo y provocan la desmotivación de la llegada de futuros visitantes y debilitan la reactivación sectorial, dañada por alrededor de dos años por la pandemia del covid-19.

El cobro de dicho monto de dinero no tiene una base legal. Los comunarios recibían $us 8.000 al año, pero se desconoce el destino que daban a esos recursos económicos; no obstante, ahora pretenden un cobro de $us 15.000.

No es la primera vez que hay problemas con los operadores de turismo en este sector. En 2021, tres domos de una empresa turística suiza fueron quemados por pobladores del sudeste de Potosí, luego de que se denunciara que esa empresa iba a funcionar con licencia de la Gobernación de Oruro en territorio potosino.