"Nosotros, por supuesto, no tenemos ningún miedo de ir a un revocatorio, y si ese (es) el caso, estaremos, así como recuperamos nuestra democracia con la unidad, la lucha y consciencia del pueblo, nosotros seguiremos avanzando en unidad con el pueblo y trabajando al servicio del pueblo", afirmó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

La autoridad respondió así a las continuas amenazas de los dirigentes del Comité Pro Santa Cruz que, ante la negativa del Ejecutivo de aprobar una Ley de amnistía a personas procesadas por los delitos que cometieron en los últimos años, entre ellos Fernando Camacho.

Según el saliente presidente del Comité cruceño, Rómulo Calvo, que dejará este 25 de febrero su cargo a su primer vicepresidente Fernando Larach, quien fue elegido en un proceso sin contrincantes, el revocatorio será una de las primeras labores que encarará la nueva directiva.

Prada recordó que la revocatoria de mandato, vía referendo, está consignada en la Constitución Política del Estado (CPE) y que la normativa electoral fija el camino que se debe cumplir para su realización.

No obstante, la Ministra lamentó que la dirigencia cívica de Santa Cruz tome nuevamente "una vía errada" al insistir en el referendo de revocatoria de mandato en lugar, por ejemplo, de sumarse al trabajo para contener la epidemia del dengue que en esa región ya supera los 7.212 casos detectados hasta el jueves 23 de febrero.

"En lugar de estar en sintonía con el dolor de muchas familias cruceñas por lo que se necesita en este momento, que son acciones conjuntas por la salud la vida del pueblo cruceño, en lugar de iniciar movilizaciones para luchar contra el dengue, en lugar de anunciar campañas, el decir que el Comité Cívico se une a las acciones conjuntas que se están encarando en este momento, muchas de ellas a la cabeza de nuestro Gobierno nacional por iniciativa de nuestro Presidente Lucho que siempre ha priorizado la salud y la economía del pueblo boliviano, usted ve el camino que de manera errada se vuelve a tomar", criticó en declaraciones a PAT.

En ese sentido, la ministra afirmó que espera que la dirigencia cívica se ajuste a ese "camino de la democracia y que está establecido en la Constitución Política del Estado" y no opte, como lo hizo, dijo, en los años 2021, 2022 y 2023, por la "confrontación y la violación sistemática a los derechos ciudadanos".

"Optan por el camino de la asfixia económica como ha sucedido lamentablemente en los 36 días del llamado paro cívico afectando fundamentalmente a la ciudadanía, al pueblo cruceño trabajador y cargándole a sus espaldas el sacrificio que se impuso", cuestionó la ministra.

La revocatoria de mandato es el mecanismo constitucional a través del cual la ciudadanía, mediante sufragio, decide la continuidad o el cese de funciones de las autoridades elegidas por voto. Se activa, únicamente, por iniciativa popular y en una sola ocasión durante la gestión de la autoridad sujeta a revocatoria.

El proceso revocatorio puede ser solicitado por los promotores interesados, cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del mandato de la autoridad electa y no tendrá lugar durante el último año de la gestión en ejercicio del cargo.

Arce fue elegido en las elecciones de octubre de 2020 con 3.394.052 votos (55,11%), por un periodo de cinco años. Asumió la presidencia el 8 de noviembre de 2020. La mitad de su mandato se cumple en mayo de este año.

Según normativa, una vez que haya trascurrido la mitad del mandato de la autoridad electa, los promotores deberán proceder a recabar firmas y huellas dactilares de adherentes en un plazo máximo de 90 días desde la habilitación realizada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Para concretar un referendo de revocatoria de autoridad nacional, los promotores deberán registrar por lo menos el 25% de firmas y huellas dactilares, incluyendo al menos el 20% del padrón de cada departamento o provincia correspondiente.

El proceso de verificación de firmas y huellas dactilares por parte del Tribunal Electoral competente se efectuará en un plazo máximo de 60 días de recibida la iniciativa popular, en caso de incumplir con el porcentaje de adhesión establecido en la norma, se rechazará la iniciativa y se devolverán los antecedentes a quienes la promovieron.

La convocatoria a referendo debe realizarse mediante ley, que tiene que ser sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tras ello, el TSE fijará un calendario electoral único para la realización simultánea y concurrente de las revocatorias de mandato de alcance nacional, departamental, regional y municipal que hayan cumplido con los requisitos establecidos.

El senador del MAS-IPSP Leonardo Loza descartó que el oficialismo en el Legislativo viabilice la acción promovida desde la derecha y los cívicos cruceños.