La Comisión Mixta de Justicia Plural y Defensa Legal del Senado aprobó este martes devolver al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las tres proposiciones acusatorias contra Janine Añez, debido a la inexistencia de pruebas que respalden que haya sido designada presidenta de manera constitucional el 2019.

Jeanine Añez asumió la presidencia en noviembre del 2019 argumentando una "sucesión constitucional".

"La Comisión aprobó remitir la documentación para que argumenten, suplan y puedan complementar pruebas suficientes, para que esta Comisión pueda aprobar o no un juicio de responsabilidades", informó el presidente de la Comisión Mixta, Luis Flores.
Las tres proposiciones acusatorias están relacionadas con el préstamo del Fondo Monetario Internacional por más de 200 millones de dólares; la ampliación de un contrato de Fundempresa; y un juicio contra la vulneración de los derechos al trabajo y la libertad de expresión que ha sido interpuesto por ciudadanos bolivianos que venían de Chile en la época de la pandemia, detalló Flores.
De acuerdo al informe técnico legal de la Comisión, el Ministerio Público no ha podido acreditar "la condición de presidenta del Estado Plurinacional de la ciudadana Jeanine Áñez"
"La Comisión Mixta de Justicia Plural y Defensa Legal del Estado no puede cubrir la ausencia identificada por lo que se encuentra imposibilitada de seguir con el trámite correspondiente", arguyó Flores.
En ese sentido, Flores instó a que "la sala penal sea la que disponga que el Fiscal General del Estado se pronuncie sobre estas observaciones de la Comisión (...) por que no existe prueba ni fundamentación alguna en la documentación que tenemos en este momento".
Aclaró que la Asamblea Legislativa no puede complementar las pruebas del Ministerio Público, "no somos entidad investigativa, nosotros no podemos complementar los documentos presentados y las pruebas presentadas por el ministerio público".
En noviembre de 2019, Añez – entonces segunda vicepresidenta de la Cámara Alta- se autoproclamó presidenta, primero, del Senado y luego del Estado argumentando una presunta "sucesión presidencial" tras la renuncia forzada del entonces mandatario Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y las principales autoridades del Legislativo.
Cabe señalar que la justicia ya desconoció la legalidad de la presidencia de Añez autorizando que sea procesada por la vía ordinaria y no así en un juicio de responsabilidades.