Arturo Murillo mostró en 2020 esposas en alusión a Evo Morales. Foto: Ministerio de Gobierno
El abogado Thomas Becker aclaró que el exministro de Gobierno Arturo Murillo gozará de "libertad supervisada" una vez que cumpla los 70 meses de prisión dictados en su contra en el caso de sobornos y lavado de dinero.
"DESPUÉS de la sentencia, tiene una libertad supervisada de 3 años donde debe presentarse ante el tribunal (sic)", escribió el activista en su cuenta de Twitter.
La mañana de este lunes circuló en redes sociales una versión en sentido de que Murillo, brazo derecho de Jeanine Áñez durante su régimen, consiguió detención domiciliaria.
Procuraduría
El mismo procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, se ocupó de desmentir la versión y afirmó que instruyó la constatación de la prisión de Murillo, hecho que —dijo— corroboró.
"Se ha mentido a la población; Murillo está detenido;, no va a salir en tanto no hay una decisión judicial", afirmó el funcionario.
En tanto, Becker afirmó que esa "libertad supervisada de tres años" dispuesta en el caso del exministro "no es en lugar de los 70 meses como informan algunos periodistas".
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Además, difundió un reporte judicial para corroborar la prisión actual de Murillo. "Según la Oficina Federal de Prisiones, Murillo no ha sido liberado. (Verificado a las 11:56 a. m. del 6 de febrero de 2023)", escribió.
Sentencia
El 4 de enero, La Corte de Distrito de los Estados Unidos (EEUU) al sur de Florida, Miami, condenó al exministro por los delitos de lavado de dinero y soborno, luego de su admisión culpa en octubre de 2022.
Murillo y quien fuera su jefe de gabinete, Sergio Méndez, fueron detenidos a finales de mayo de 2021 acusado por los delitos cuyos provenían de compras estatales de parte de Bolivia.
A finales de mayo de 2020, la red Gigavisión denunció que el entonces ministro Murillo y su colega de Defensa, Luis Fernando López, habían tramitado la compra de material antidisturbios nada más al llegar al poder.
Bolivia
Investigaciones posteriores establecieron que, a través de la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), el Gobierno adquirió gases lacrimógenos y otros insumos a un costo de $us 5,6 millones, y un sbreprecio de $us 2,3 millones.
Se presume que es saldo ilícito fue repartido entre Murillo y cuatro de sus cómplices: Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld. Además de un "funcionario" del Ministerio de Defensa, que se presume fue el exministro López, ahora prófugo.
Murillo era un poderoso funcionario de Áñez, quien llegó al poder luego de su proclamación ante la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Al hombre le esperan varios procesos en Bolivia, uno de ellos relativo al caso en Estados Unidos.