Opinión

Es posible la reforma vía referendo

La propuesta de reforma judicial vía referendo ciudadano tiene

como horizonte de mediano y largo plazo la transformación de todo

el sistema de justicia.

Digo esto porque el creciente, aunque inicial, interés ciudadano por

la «propuesta» ha generado algunas apreciaciones críticas que laven

«raquítica» o que, por el contrario, por su dimensión constitucional,

aparece inalcanzable.

Tal vez puedan clarificarse esas y otras apreciaciones con un

entendimiento más integral de la problemática judicial, ya no tanto

en sus orígenes y causas, sino más bien en sus estructuras

institucionales profundamente afectadas por la crisis. Veamos:

1.El Órgano Judicial alcanza, según la Constitución, a la jurisdicción

ordinaria, la agroambiental, la indígena originaria, las jurisdicciones

especializadas e incluye, aunque de manera diferenciada, a la

justicia Constitucional y al Consejo de la Magistratura.

2.El sistema de justicia es más amplio. Además del Órgano Judicial,

están otras instituciones directamente vinculadas a la

administración de justicia, como el Ministerio Público, la

6/27/21 3:48 p. m.

Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo,el

Ministerio de Justicia, la policía de investigaciones y el régimen

penitenciario.Enmayor o menor medida la crisis afecta a todas ellas,

en enorme desmedro de los derechos y garantías ciudadanas, cuya

vigencia el sistema de justicia tiene que garantizar.

3.Quienes ven raquitismo en la propuesta de reforma, sin duda

están visualizando el conjunto del sistema de justicia donde,

efectivamente, una parte «pequeña» comprende a los jueces

supremos, al presupuesto judicial, al Consejo de la Magistratura y a

la Justicia de Paz, objetivos iniciales de la misma. Obviamente, el

listado de temasno resueltos con la «reforma» es largo, va desde el

inhumano hacinamiento carcelario hasta la manipulación

gubernamental del Ministerio Público y la Defensoría.

4.Quienes creen que es, por el contrario, un maximalismo reformar

la Constitución, o están más atentos a reformas de menor alcance

que no necesitan cambios en la Constitución, o están partiendo de

la supuesta imposibilidad de generar consenso y movilización

suficientes porque, o «no están dadas las condiciones» por la

desfavorable correlación de fuerzas o, porque, para evitar futuros

magistrados masistas será suficiente impedir que en la Asamblea el

MAS alcance los 2/3.

5. No consideramos adecuado esperar que se «den las condiciones»

para que el cambio venga sólo cuando cambiemos al gobierno.

Basta recordar que en sólo cuatro décadas hemos tenido hasta seis

gobiernos y tres modelos estatales diferentes y que en ellos ni

nacionalistas, ni neoliberales y menos populistas han atinado a

cambiar el sistema judicial poniendo sólo parches o acomodando el

«servicio judicial» a sus distintos intereses partidarios.

6. Por eso nuestra visión, como decíamos, pretende iniciar la

reforma con la modificación de la Constitución en el corto plazo,

pero sabiendo que en el mediano y largo plazo deberá comprender

otros componentes del sistema de justicia. Hoy podemos lograr que

los próximos jueces supremos sean idóneos e independientes; que

se establezca una partida presupuestaria constitucional del 3% que

sextuplique los recursos administrados por un renovado Consejo de

la Judicatura, haciendo eficiente y accesible el servicio.

7. Es probable que en este primer momento de reforma se deba

incorporar al Ministerio Público buscando también su independencia

y hay voces autorizadas que consideran imprescindible también la

revalorización de la justicia originaria, malograda por una

concepción equívoca de «deslinde», para atender la resolución de

los conflictos de casi un 40% de la población rural e indígena que no

acuden a la «justicia ordinaria» y que consideran que el desarrollo de

sus propios sistemas de justicia es el camino.

Como ya señalamos la ruta del referendo ciudadano no es fácil ni

sencilla. Se ha empezado a trabajar en la propuesta específica, al

tiempo que algunos núcleos ciudadanos han tomado interés en

conformar una «coalición civil» que promueva la movilización y el

consenso. Deberíamos pasar del «interés»al desafío, sabiendo que

el mediano y el largo plazo pueden tener en este inicial momento de

reforma, un camino que aperture otros.

Juan Del Granado es abogado, fue parlamentario y alcalde de La

Paz.