Opinión

LA RUTA DEL REFERENDO PARA LA REFORMA

Estamos planteando que parte del andamiaje judicial establecido en la

Constitución sea modificado de acuerdo a las previsiones de la misma

Constitución. Como decíamos, se trata de cambiar la modalidad de elección de

Jueces Supremos para garantizar idoneidad e independencia; de incorporar en la

Constitución una partida presupuestaria obligatoria para atender con eficiencia el

servicio judicial, y se trata de establecer la justicia de Paz para resolver los

conflictos sin jueces ni abogados.

En suma, se trata de lo que el propio texto constitucional denomina como

Reforma Parcial, qué tiene sus condiciones, límites y requisitos que definen su

camino. Veamos lo esencial de ese camino, de acuerdo a los Arts. 11-II-1 y 411 de

la CPE y los Arts. 12 al 23 de la Ley 026 de «Régimen Electoral»:

1. Para ser «parcial», la Reforma no debe afectar las bases constitucionales

fundamentales, los derechos deberes y garantías ni la primacía de la

Constitución, de hacerlo estaríamos ante una Reforma total que amerita

Asamblea Constituyente.

Ese límite está referido, expresamente, a la «Primera`» y «Quinta» parte de la

Constitución que están fuera del alcance del Referendo ciudadano que alentamos.

2. Hay un segundo límite legal, y es aquel que excluye de consultas ciudadanas

vía Referendo, la unidad e integridad del estado, los impuestos, la seguridad

interna y externa, las leyes orgánicas, la sede de los órganos públicos y las

competencias estatales.

3. Esos límites constitucionales y legales los vigila y resguarda tanto el Tribunal

Supremo Electoral (TSE) cuanto el Tribunal Constitucional (TCP), que aprueban

la «propuesta» de manera previa a la consulta y antes de que se recaben las

adhesiones y firmas de la gente.

4. Lo anterior está señalando, claramente, que el primer paso en la Reforma

está en la «propuesta», en la formulación específica de las preguntas que son

sometidas al voto y que buscan la modificación parcial de la Constitución.

Sólo después de la revisión de la legalidad y la constitucionalidad de las

preguntas, el TSE extiende y entrega a los promotores de la Reforma los libros

para recabar las adhesiones mediante firmas que deben alcanzar el 20% del

Padrón Electoral distribuido, al menos, en un 15% en cada uno de los

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departamentos.

5. Recabada la suficiente adhesión ciudadana a la propuesta, expresada en

1`466.000 firmas cuya autenticidad verifica el TSE, éste las remite a la Asamblea

Legislativa que, obligatoriamente, debe sancionar una ley de convocatoria a

Referendo 90 días antes de la votación. Digo «obligatoria» porque si la Asamblea

no lo hace, en un plazo de 30 días de haber recepcionado los libros, la

convocatoria a Referendo la efectúa directamente el Tribunal Supremo Electoral.

Finalmente, el Referendo será válido si concurren a las urnas el 50% más 1 de los

electores inscritos en el padrón, y siempre que los votos válidos sean mayores que

la sumatoria de los votos blancos y nulos. Esa votación válida tendrá vigencia

inmediata, obligatoria y vinculante.

Lo dicho, que es una descripción suscinta de las normas constitucionales y

legales, da cuenta de la ruta del Referendo y, sobre todo, de sus grandes desafíos

y sus no pocas dificultades, a saber:

1. La «propuesta» de Reforma que en su caso deberá responder el ciudadano en

las urnas con un SI o NO, es esencial. Deberá ser muy clara, precisa, de fácil

comprensión y de profundo contenido institucional para el efecto de modificar el

texto constitucional.

2. Esa «propuesta», no puede ser discrecional, debe respetar los límites y

exclusiones normativas porque será objeto de revisión y autorización por la

propia estructura estatal, por el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal

Constitucional cuya confiabilidad ahora es discutible.

3. La recolección de firmas, la adhesión ciudadana previa, es la llave inicial de

ese riguroso candado. La «propuesta» debe gatillar una gran movilización

democrática que, partiendo del debate, debe pasar por el convencimiento activo y

culminar en las urnas con el 50% + 1 de concurrencia ciudadana.

4. Se trata por todo ello de promover, desde la sociedad, una gran cruzada

nacional por la justicia, con la convicción, no sólo que ya no podemos esperar

nada al respecto ni del gobierno y del estado, sino que, sin reforma judicial, sin

una correcta administración de justicia, no tiene destino cierto la convivencia

democrática ni la solución de los impostergables problemas y reivindicaciones

que hoy como ayer generan desazón e incertidumbre sobre la suerte del pais