Opinión

Los nuevos desafíos subnacionales

La peligrosa segunda ola de la pandemia y las impugnaciones e inhabilitaciones están

opacando las candidaturas y campañas. No hay novedades en las «propuestas», pese a

los grandes y nuevos desafíos que todos los candidatos triunfantes tendrán que enfrentar

de inicio en sus gestiones.

Ya hablamos del olvido de la agenda descentralizadora y autonómica, y parecería que

también las crisis sanitaria y económica estuvieran casi ausentes. Por lo mismo, todo se

sigue limitando a ofertas y promesas de proyectos municipales y departamentales que

podrían hacerse en cualquier tiempo, como si la pandemia y sus devastadores efectos no

existieran.

Es que no será posible enfrentar los nuevos desafíos con las viejas estructuras

departamentales y locales, que ya se mostraron insuficientes en los cinco años anteriores

sin pandemia.

Un drástico recorte de las transferencias ya anunciado, y la recentralización del

presupuesto nacional, no están siendo tomados en cuenta y, por lo mismo, tiende a primar

la demagogia que se agravará si es que en los planes gubernamentales no se incluyen

claras modificaciones institucionales, presupuestarias y de comportamiento. Todos los

municipios y gobernaciones requerirán ajustes mayores que, en momentos de crisis, no

pueden ser sino políticas de saneamiento al menos en tres áreas que hacen a la

gobernabilidad subnacional.

Veamos:

En primer lugar, está el saneamiento institucional que supone una restructuración de la

organización gubernamental subnacional, no tanto para reducir personal sino para adaptar

la estructura organizacional a los nuevos desafíos. Se trata de readecuar los gobiernos

locales y departamentales, dando prioridad a las reparticiones encargadas de la salud y de

la reactivación económica. Las tareas de salud ya no pueden estar subsumidas en el

genérico concepto de «desarrollo humano», cuando los centros de primer nivel y los

hospitales de segundo y tercer nivel son los instrumentos principales del enfrentamiento

de la pandemia. El primer nivel, cualquiera sea la dimensión del municipio, debe

convertirse en el lugar privilegiado para la prevención, el diagnóstico y la contención del

virus, y para ello se requerirán importantes e inmediatas inversiones en infraestructura,

equipamiento e insumos médicos, amén de la obligación departamental de provisión de

ítems.

Las ciudades capitales no pueden prescindir de centros de aislamiento, de brigadas de

control barrial y, en su momento, de centros fijos y móviles de vacunación masiva. Los

hospitales de segundo nivel, siguiendo el ejemplo de La Paz, tienen que convertirse en

hospitales con unidades de terapia intensiva con el equipamiento técnico y el personal

especializado respectivo. Y el tercer nivel debe optimizar sus unidades departamentales

para atender la pandemia sin descuidar otras patologías graves.

Por supuesto que todo lo anterior no podrá efectuarse sin el concurso del gobierno

nacional que aún no ha ido más allá de la compra de pruebas y vacunas y que,

necesariamente, tiene que alcanzar, de inmediato, al equipamiento especializado

(respiradores), la provisión masiva de medicamentos y la creación de ítems para la

contratación y movilización de un personal imposible de ser financiarlo sólo por las

gobernaciones.

En segundo lugar, y para atender lo primero, urge un saneamiento financiero frente al

recorte, a la recentralización de los recursos y a la caída de los ingresos, redireccionando

de manera estructural el presupuesto. No será posible, al menos durante 2021, alentar

nuevos y grandes proyectos urbanos. A lo mucho podrá atenderse la continuidad de las

obras en ejecución modulando plazos más holgados, porque toda la restructuración

institucional planteada tendrá que ser financiada en gran parte con recursos propios.

Sin embargo, la conocida insuficiencia de éstos, solo podrá ser suplida mediante fideicomisos financiados con préstamos de la cooperación internacional que contraiga el gobierno nacional, o con el endeudamiento directo que puedan contratar algunos gobiernos locales y departamentales con mayor fortaleza financiera.

El plan operativo anual y el presupuesto de 2021 sólo deberán atender las obras y los

servicios básicos imprescindibles, y el gasto corriente deberá recortarse reduciendo

plantas ejecutivas frondosas y elevados sueldos jerárquicos. Tienen que crearse

estructuras organizacionales que programen y ejecuten acuerdos y pactos públicoprivados

con empresarios, artesanos, cuentapropistas, comerciantes, universidades y

ONG para reactivar las economías locales y departamentales, en la perspectiva de la

producción de alimentos y del impulso a emprendimientos turísticos, gastronómicos y

comerciales, al tiempo que se genera empleo público con obras barriales de alta absorción

de mano de obra.

Y, en tercer lugar, deberá implementarse un plan integral de saneamiento ético para

combatir la corrupción. Mecanismos institucionales de prevención, control y sanción

permanentes deben instalarse junto a la información y el control social. La ética en la

función pública no solo preserva el escaso patrimonio institucional, sino que refuerza la

confianza ciudadana garantizando la gobernabilidad, más allá del siempre volátil resultado electoral.

Juan Del Granado es Abogado y Político