Gobierno revertirá tierras de Branko Marinkovic en Santa Cruz

El régimen de Jeanine Añez lo benefició con esos predios e intentó legalizarlos; el caso está en el Tribunal Agroambiental.

El Gobierno anunció la reversión de al menos 27 mil hectáreas (ha) de tierras ilegales en Laguna Corazón y en el municipio de San José de Chiquitos, Santa Cruz, a la familia de Branko Marinkovic, quien fue ministro de Economía durante el gobierno de facto de Jeanine Añez. El ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, informó que Marinkovic es propietario, junto a otros empresarios cruceños, de 300 mil ha de tierra que serán revertidas en caso de no evidenciar algún tipo de producción. "Son tierras mal habidas, él (Marinkovic) sabe que no ha cumplido con los procedimientos; esta situación está en los estrados correspondientes del Tribunal Agroambiental, están apelando, pero cada vez se van cayendo por su peso, porque cuando no se cumple con los procedimientos que están establecidos por Ley, esas tierras tienen que volver al Estado", sostuvo. De acuerdo con información recolectada, la familia de Marinkovic solo debía recibir 7.274 ha de tierras, de las 34.320 ha que le concedió el gobierno de facto de Jeanine Añez, por lo que 27.046 ha serán revertidas al Estado. Según la norma, cada beneficiario debe recibir máximo 7.000 ha. El resto vuelve al dominio del Estado boliviano y, dependiendo del uso mayor del suelo, se definirá la categoría de tierra fiscal disponible o tierra fiscal no disponible. En ese marco, de las 7.274 ha que le corresponde a la familia del exministro de Economía del régimen de facto, 2.274 ha están en Laguna Corazón y 5.000 ha en Tierras Bajas del Norte. En el primer caso, ubicado en Laguna Corazón, del municipio Ascensión de Guarayos, el saneamiento data del 2000 y hasta 2019 (en 19 años) el INRA se mantuvo en reconocer 2.274 ha, pero en el régimen de facto se intentó sanear 12.481 ha con un daño al Estado de 10.207 ha. Respecto al predio ubicado en el municipio San José de Chiquitos, el saneamiento data de 1998 y hasta 2019 (en 21 años) el INRA se mantuvo en reconocer sólo 5.000 ha según la Constitución Política del Estado; sin embargo, durante el gobierno de Añez (en solo un año) se pretendió legalizar 21.839 ha.